Senado y Contraloría, nuevas víctimas del CyberTeam
Durante la jornada de ayer miércoles, los sitios digitales de la Cámara de Senadores y de la Contraloría General de la República se convirtieron en blanco del grupo de ciberdelincuentes conocido como CyberTeam, que volvió a vulnerar con total impunidad sistemas estatales clave.
A través de publicaciones en la red social X, el colectivo se adjudicó el acceso a módulos internos de ambas instituciones. En el caso del Senado, apuntaron directamente al sistema de la Dirección General de Talento Humano, logrando obtener datos sensibles relacionados con funcionarios: desde permisos y vacaciones hasta liquidaciones. En paralelo, también atacaron el sistema Mecip de la Contraloría, específicamente el módulo de rendición de cuentas, según lo informado por los propios autores del hecho.
Desde la Cámara Alta intentaron bajarle el tono al incidente, asegurando que los accesos no fueron producto de una vulneración directa del sitio web, sino consecuencia del uso indebido de credenciales de usuarios previamente comprometidas. Alegaron que los privilegios de acceso eran limitados a funciones de consulta y que no se alteraron datos ni afectó la operatividad de los sistemas. No obstante, el hecho volvió a dejar al descubierto la fragilidad estructural en materia de ciberseguridad en el Estado.
Por su parte, el contralor general Camilo Benítez minimizó el impacto de lo ocurrido señalando que "nuestra información es pública de por sí", y agregó que el acceso a los sistemas fue realizado utilizando credenciales correspondientes a otras entidades estatales, como una municipalidad y la Escribanía Mayor del Gobierno. Según los técnicos del ente, los ciberdelincuentes lograron ingresar a través de esos accesos externos y solo pudieron descargar un documento PDF.
A pesar de la reiteración de este tipo de vulneraciones, las autoridades siguen sin articular una respuesta integral que detenga la escalada. Los hackeos avanzan sin pausa, mientras el aparato estatal continúa expuesto, y sin medidas firmes que garanticen la protección de los sistemas informáticos oficiales.
