Senado aprueba préstamo de USD 75 millones en medio de sospechas por reparto de fondos
Sin embargo, el tratamiento del proyecto estuvo marcado por cuestionamientos sobre el destino de los recursos, denuncias de presunto favoritismo político y críticas a la baja ejecución de créditos similares aprobados en años anteriores.
El debate se centró principalmente en la distribución del financiamiento. Legisladores de la oposición y sectores disidentes advirtieron que una parte importante de los recursos sería destinada a Caaguazú, departamento considerado el principal bastión político del senador Silvio "Beto" Ovelar. Durante la sesión, el parlamentario rechazó que el departamento concentre el 85% del préstamo, como se había denunciado previamente, y afirmó que recibirá aproximadamente el 50% de los fondos. Añadió que el programa también contempla inversiones en Alto Paraná, Canindeyú, Concepción, San Pedro, Itapúa y Caazapá.
Mientras se desarrollaba el debate, representantes de distintos asentamientos rurales siguieron la sesión desde las gradas del Senado, a la espera de la aprobación del financiamiento para proyectos de infraestructura que consideran prioritarios para mejorar la conectividad de sus comunidades.
La iniciativa recibió el respaldo de senadores oficialistas y de parte de la oposición. Mario Varela, Pedro Díaz Verón, Líder Amarilla y Salyn Buzarquis acompañaron el proyecto, aunque varios de ellos expresaron reparos sobre la gestión del MOPC. Las críticas estuvieron dirigidas principalmente a la ministra Claudia Centurión, a quien responsabilizaron por la escasa ejecución de obras y por destinar una parte considerable de los recursos a gastos administrativos.
Durante el tratamiento, la senadora Yolanda Paredes recordó que en 2025 el Congreso ya había aprobado un préstamo cercano a US$ 74 millones para caminos y puentes rurales. No obstante, sostuvo que las obras previstas con ese financiamiento aún no fueron ejecutadas. Incluso presentó un documento del propio Ministerio de Obras Públicas en el que se señala que dicho programa recién comenzaría a ejecutarse en 2027, situación que generó nuevas críticas hacia la administración de los recursos públicos.
En la misma línea, el senador independiente Ignacio Iramaín cuestionó el incremento sostenido de la deuda pública y sostuvo que el Gobierno continúa aprobando nuevos préstamos mientras numerosos proyectos financiados con créditos anteriores permanecen sin ejecución.
Como respuesta a esos cuestionamientos, el líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, promovió la incorporación de un artículo que obliga al MOPC a iniciar la ejecución del programa dentro de los 180 días posteriores a la promulgación de la ley, con el objetivo de evitar que los recursos permanezcan sin utilización durante largos periodos.
El Poder Ejecutivo sostiene que el financiamiento permitirá mejorar la infraestructura vial en zonas rurales y beneficiar a alrededor de un millón de personas. Sin embargo, el debate parlamentario dejó abiertas las dudas sobre la distribución de los recursos, la priorización de determinadas regiones y la capacidad del Ministerio de Obras Públicas para convertir el nuevo endeudamiento en obras concretas para la ciudadanía.Si lo deseas, también puedo darle un enfoque más crítico y de investigación, con un tono más propio de una nota de tapa.