Esa cifra representa un incremento de aproximadamente 12% respecto al presupuesto aprobado para 2025, es decir unos USD 2.000 millones adicionales.
La aprobación en general habilita el debate particular, donde se espera que los senadores examinen modificaciones introducidas por la otra cámara, que entre otros ajustes significativos reasignaron partidas: gran parte del incremento presupuestario se destina a servicios personales —salarios, sueldos, beneficios— y muy poca al gasto de inversión física real.
El tratamiento en Senado ocurre en un contexto donde, según datos del proyecto original, el gasto en servicios personales está presupuestado en G. 35,7 billones (unos USD 4.540 millones), un aumento del 6% respecto al año anterior. En contraste, la inversión física —es decir las obras, proyectos de infraestructura, mantenimiento vial, etc.— se mantiene relativamente estancada: se prevén sólo G. 13,1 billones (unos USD 1.672 millones), un modesto incremento del 1% respecto al presupuesto 2025.
La tensión ya latente salta a la vista: mientras los sueldos, beneficios y cargos estatales se expanden, la capacidad del Estado para emprender obras nuevas o sostener las ya planificadas se reduce drásticamente. Según los defensores del plan, ese aumento salarial incluye a sectores estratégicos como salud, educación, seguridad, fuerzas del orden, docentes, médicos, personal de blanco en salud, etc.
Ahora, con el proyecto en manos de Senado, se abre la oportunidad —y la urgencia— de revisar ese desequilibrio. A medida que avance el análisis particular, muchos se preguntan si las reasignaciones hechas en Diputados se mantendrán, o si el Senado restituirá montos a inversión pública, obras de infraestructura, rutas, transporte, saneamiento —es decir, al Paraguay real, no solo al Estado como empleador.
Análisis PGN: salarios primero, obras después
El resultado de esta pulseada presupuestaria definirá no sólo cómo se gasta en 2026, sino también qué Paraguay se promueve: uno centrado en mantener planillas y cargos, o uno que apueste a infraestructura, servicios públicos y desarrollo tangible.

