Rostros de la corrupción e impunidad
La corrupción en Paraguay dejó de ser un desvío excepcional para transformarse en una práctica institucionalizada. Gobernadores, diputados, intendentes, ministros, rectores y fiscales, todos alguna vez investidos de poder público, fueron condenados por graves delitos contra el erario estatal. Pero el castigo casi nunca llega. Muchos de ellos ni siquiera pisaron la cárcel, otros salieron tras breves estadías en prisión preventiva, y varios jamás devolvieron lo robado.
La impunidad no solo es la norma, sino que ha sido perfeccionada a través de medidas alternativas, fianzas, trabas procesales, influencias políticas y tecnicismos judiciales.
A continuación, El Nacional realizó un recuento de los casos más emblemáticos de una corrupción premiada con libertad.
Hugo Javier: el gobernador mediático que robó millones y salió caminando
El 10 de enero de 2025, el exgobernador de Central, Hugo Javier González, fue condenado a 10 años de prisión por el desvío de más de G. 5.100 millones destinados a obras que nunca se hicieron. Aun así, el pasado 10 de julio, el mismo tribunal que lo sentenció le concedió la libertad ambulatoria, tras haber pasado apenas seis meses en prisión preventiva.
Su exdirector de gabinete, Miguel Ángel Robles, condenado junto a él, también fue beneficiado con la misma medida. Ambos deben firmar mensualmente en el juzgado, no pueden cambiar de domicilio ni salir del país. Pero lo cierto es que no están tras las rejas y no devolvieron un solo guaraní de los millones malversados.
El exgobernador de Presidente Hayes y su secretario: de robar miles de millones a descansar en casa
Otro caso reciente es el de Óscar "Ñoño" Núñez, exgobernador de Presidente Hayes y hermano del "Bachi" Núñez, titular del Congreso, quien fue condenado a 11 años de prisión por desfalcar el presupuesto departamental en más de G. 42.000 millones. Sin embargo, logró pagar una fianza millonaria y goza de arresto domiciliario en su mansión.
Su secretario financiero, Edulfo Verón, también condenado, recibió el mismo beneficio. Se trata de una de las causas más escandalosas de corrupción departamental, con obras inconclusas, facturas falsas y dinero desaparecido. Ninguno de los dos está preso hoy.
Froilán Peralta: el rector que usó la universidad como caja chica
El exrector de la Universidad Nacional de Asunción, Froilán Peralta, fue uno de los protagonistas del escándalo conocido como el caso "UnaNoTeCalles", en el que se reveló una red de contrataciones irregulares, nepotismo y desvío de fondos en la principal casa de estudios del país.
Fue condenado por lesión de confianza en 2022, pero nunca ingresó a prisión común: fue beneficiado con prisión domiciliaria bajo el argumento de problemas de salud. A pesar del grave daño institucional causado, tampoco devolvió el dinero malversado y hoy permanece fuera de la cárcel, en su casa, sin cumplir efectivamente su condena.
Óscar González Daher: el patriarca del tráfico de influencias
Aunque ya fallecido, el caso de Óscar González Daher, exsenador colorado, es probablemente el emblema más crudo de la corrupción sistémica en Paraguay. Fue condenado por tráfico de influencias, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, tras liderar un esquema de manipulación de causas judiciales desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Las grabaciones filtradas de sus llamadas, donde negociaba fallos judiciales como si fueran mercancía, estremecieron al país. Fue condenado, pero murió antes de cumplir su pena. Se fue sin devolver el dinero mal habido y sin pisar una celda. El daño institucional que causó aún no ha sido reparado.
Orlando Arévalo: el discípulo moderno del esquema González Daher
El caso más reciente es el del exdiputado Orlando Arévalo, quien fue destituido por tráfico de influencias dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Reproducía el mismo modelo que usaba González Daher: cobros millonarios a cambio de favores judiciales, incluyendo el cambio de fiscales y jueces para beneficiar a terceros.
Fue despojado de su investidura, renunció a su banca antes de ser expulsado, pero hasta ahora no ha sido imputado, ni procesado, ni condenado. Continúa disfrutando de su fortuna, de sus vehículos de alta gama y su vida de lujos, mientras la investigación parece estancada. Un caso que demuestra cómo se puede comprar todo, incluso impunidad.
Esteban Samaniego: blindado por sus colegas mientras esquiva la justicia
Otro rostro de esta corrupción protegida es el del diputado colorado Esteban Samaniego, quien hace tiempo es requerido por la justicia por su implicación en un esquema de desvío de fondos municipales de más de G. 1.100 millones durante su gestión como intendente de Quyquyhó (2011-2017). Está imputado por administración en provecho propio, asociación criminal, lavado de dinero y lesión de confianza, vinculado a pagos irregulares utilizados para remodelar su residencia familiar.
En julio de 2025, el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta solicitó prisión preventiva para funcionarios municipales relacionados al caso, pero el diputado no ha sido desaforado; la Cámara de Diputados bloqueó su desafuero, impidiendo que enfrente el proceso judicial. A pesar de los pedidos y las pruebas, Samaniego sigue legislando y cobrando sin restricciones.
Erico Galeano: senador acusado de lavar dinero del narco y sigue en el Senado
El senador colorado Erico Galeano Segovia enfrenta acusaciones graves: lavado de dinero, asociación criminal y nexos con el narcotráfico. La Fiscalía lo acusa de recibir cheques por más de mil millones de guaraníes relacionados al caso "A Ultranza PY" —un esquema liderado por narcotraficantes— y de prestar su avioneta para el traslado de drogas, además de invertir los recursos ilegales en su club deportivo.
El Tribunal confirmó el inicio del juicio oral desde junio/julio de 2025, aunque él ha logrado postergar audiencias recusando fiscales y jueces. Pese a la gravedad de los cargos, no fue despojado de su banca y sigue recibiendo su salario, protegido por su fuero parlamentario.
Hernán Rivas: acusado de falsificar su título y absuelto provisionalmente
El senador colorado Hernán David Rivas Romás fue procesado por el uso de documentos falsos, específicamente su título de abogado que habría presentado para ser representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en 2020. El juez penal admitió la imputación por "producción mediata y uso de documentos públicos falsos" y dictó medidas cautelares de firma bimestral y residencia fija.
Sin embargo, la causa fue considerada "paupérrima" por un tribunal y devuelta varias veces, hasta llegar a un sobreseimiento provisional. Rivas todavía conserva su cargo y jugosos ingresos, mientras su caso sigue estancado en tecnicismos judiciales.
Otros rostros del saqueo sin castigo
Nelzo López, exintendente de Nueva Colombia, fue condenado a 8 años por corrupción y hoy está en libertad ambulatoria.
Javier Díaz Verón, exfiscal general del Estado, fue procesado por un enriquecimiento ilícito de más de G. 10.000 millones y permanece en arresto domiciliario, sin sentencia firme.
Edulfo Verón, secretario de finanzas en Presidente Hayes, condenado y también beneficiado con arresto domiciliario.
Denuncian que la Justicia protege a corruptos y castiga a los pobres
La abogada y activista anticorrupción Esther Roa lanzó duras críticas contra el sistema judicial paraguayo, al que acusó de estar inmerso en una crisis profunda pero silenciosa, invisible para gran parte de la ciudadanía. Según explicó esta redacción, la estructura judicial favorece abiertamente a los acusados con poder económico, mientras que miles de personas humildes permanecen tras las rejas sin haber recibido una condena definitiva.
El detonante de su indignación fue el reciente beneficio concedido al exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González, quien recuperó su libertad ambulatoria pese a estar procesado por un sonado caso de presunta malversación de fondos públicos. Para Roa, este tipo de decisiones demuestra que el sistema judicial no solo es selectivo, sino funcional a los intereses de los sectores privilegiados.
"Las causas por corrupción no avanzan porque hay una estructura judicial que las frena deliberadamente", advirtió. Según sus palabras, la Corte Suprema de Justicia permite el uso de mecanismos legales dilatorios por parte de los abogados defensores, lo que impide que los procesos lleguen a una sentencia firme y, en consecuencia, que los responsables cumplan condena o restituyan el dinero público.
Con severidad, Roa cuestionó también el rol del Ministerio Público, al que acusó de cerrar sus puertas al control ciudadano, generando un sistema opaco, sin vigilancia efectiva ni rendición de cuentas.
La situación, según la activista, es escandalosa: más del 70% de las personas privadas de libertad en Paraguay no cuentan con una condena firme. Esto quiere decir que la mayoría está presa sin una sentencia definitiva, mientras que quienes enfrentan acusaciones de corrupción pública siguen en libertad, muchas veces sin devolver un solo guaraní del dinero desviado.
"Hoy, quienes deberían estar tras las rejas por robarle al Estado, caminan libres, y quienes no tienen recursos siguen presos, atrapados en un sistema que no garantiza justicia, sino privilegios", concluyó.
El denominador común: casi todos del Partido Colorado
Una tendencia es imposible de ignorar: la gran mayoría de los implicados, procesados y condenados por corrupción pertenecen al Partido Colorado, el mismo que gobierna Paraguay desde hace décadas con apenas breves interrupciones. Una estructura de poder que protege a los suyos, que controla el Congreso, buena parte del sistema judicial y organismos de control, permitiendo que los delitos queden sin castigo.
¿Quién devuelve lo robado?
Aún más grave que la falta de cárcel es la ausencia de reparación al daño causado. La mayoría de los condenados nunca devolvió un guaraní al Estado paraguayo, a pesar de que los montos malversados ascienden a miles de millones. Obras fantasmas, facturas clonadas, licitaciones amañadas... El dinero simplemente desapareció, y la justicia no lo persiguió.
El pueblo exige reformas penales urgentes
Frente a este escenario, se impone una urgente reforma del sistema penal paraguayo. La ciudadanía ya no tolera ver a los corruptos libres, ricos y sonrientes, mientras el país sigue hundido en el abandono. Se necesita:
Aumentar las penas por delitos contra el erario público.
Eliminar beneficios anticipados en casos de corrupción.
Establecer la obligación de reparación del daño económico como parte de la sentencia.
Asegurar cárcel efectiva para los condenados por corrupción.
Los casos de Hugo Javier, Arévalo, Ñoño Núñez, Samaniego, Galeano, Rivas y tantos otros no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático de saqueo e impunidad. Paraguay no puede hablar de justicia mientras los ladrones de cuello blanco sigan caminando libres.