Reforma del transporte en debate en el Senado
En una sesión extraordinaria la Cámara de Senadores inicio este martes el debate del proyecto de ley de reforma del transporte público. El proyecto en estudio forma parte de la reforma estructural del sistema de transporte, impulsada por el Ejecutivo ante las crecientes críticas de usuarios por el mal servicio, las irregularidades en las concesiones y la falta de planificación metropolitana.
Se trata de la iniciativa de ley "Que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley N° 1590/2000 relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros".
El texto plantea unificar la rectoría en una sola autoridad, fortalecer los mecanismos de control y establecer un fideicomiso de financiamiento para el sector.
Durante el inicio de la discusión, el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, informó que siete comisiones asesoras dictaminaron sobre la propuesta y solicitó su aprobación en general, lo que fue aceptado por mayoría. A partir de allí, comenzó el análisis en particular de cada artículo.
El senador Líder Amarilla expresó su postura en contra del proyecto, argumentando que la normativa vigente ya contempla herramientas suficientes para encarar los problemas del sector. "La Ley actual puede ser utilizada para los fines planteados, no se necesita una nueva legislación", afirmó.
En contraste, el senador José Oviedo sostuvo que la propuesta del Ejecutivo "pudo haber sido más ambiciosa" y señaló que su equipo técnico presentó un proyecto alternativo que busca actualizar los itinerarios, mejorar la planificación y ofrecer un plan integral de transporte.
Por su parte, el senador Luis Pettengill, presidente de la Comisión de Industria, destacó que la iniciativa "busca abordar problemas de gobernanza, instituir procesos competitivos para todas las concesiones y sentar las bases de un nuevo modelo de gestión del transporte público metropolitano".
En vigilia
No obstante, sindicatos de choferes ya manifestaron su rechazo a ciertos puntos de la propuesta, como la eventual declaración del servicio como "esencial", lo que limitaría el derecho a huelga.
También reclaman que se asegure la continuidad de los contratos laborales en caso de fusión de empresas y que se incluya un fondo especial para indemnizaciones.