Rectores rechazan recorte de bonificaciones y presionan a Diputados para excluir a universidades
En ese sentido, solicitaron a la Cámara de Diputados revisar el texto aprobado por el Senado y excluir expresamente a las casas de estudio de su alcance.
Durante una reunión con el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, los rectores expusieron su preocupación por la inclusión de cargos universitarios dentro del paquete de funcionarios afectados por la normativa. Si bien reconocieron que la intención de la propuesta apunta a aliviar las presiones presupuestarias del Estado, cuestionaron que se haya equiparado a las autoridades académicas con cargos de naturaleza política.
Desde el sector sostienen que figuras como rectores, vicerrectores, decanos y vicedecanos no deben ser consideradas dentro del esquema de eliminación de bonificaciones, ya que no se trata de cargos políticos sino de funciones docentes que surgen de procesos internos en las propias universidades. Además, enfatizaron que estos puestos no forman parte de la denominada matriz salarial que rige para otros sectores del Estado.
El vocero del grupo y titular de la Universidad Nacional de Concepción, Clarito Rojas Marín, explicó que quienes ocupan cargos directivos dentro de las universidades continúan siendo docentes y, en consecuencia, deberían mantener los beneficios vinculados a esa condición. Afirmó que la eliminación de bonificaciones en este ámbito no solo es desacertada, sino que desconoce la estructura y funcionamiento del sistema universitario público.
El proyecto en cuestión propone suprimir todo tipo de bonificaciones para autoridades y funcionarios que desempeñan funciones de conducción política durante el año fiscal 2026. La iniciativa fue impulsada por el presidente del Senado, Basilio Núñez, en medio de cuestionamientos públicos por el alto nivel de ingresos derivados de estos beneficios en distintas instituciones del Estado.
La normativa aprobada en la Cámara Alta abarca a un amplio universo de cargos, incluyendo legisladores, autoridades del Ejecutivo, integrantes del Poder Judicial, organismos de control y también a directivos de universidades nacionales, lo que generó la reacción del sector académico.
Según los rectores, la inclusión de las universidades dentro de este esquema resulta arbitraria y desvirtúa el objetivo original del proyecto, ya que mezcla realidades distintas y termina afectando a un ámbito que no responde a criterios políticos en el sentido estricto.
El planteamiento ahora queda en manos de la Cámara de Diputados, donde las autoridades universitarias esperan que se introduzcan modificaciones al texto para evitar que la medida impacte en el funcionamiento y la estructura salarial del sistema público de educación superior. Mientras tanto, el debate se instala en medio de una discusión más amplia sobre el uso de recursos públicos y los intentos de recorte en distintos niveles del Estado.
