PolíticaNúñez
Los registros oficiales muestran que entre marzo de 2025 y febrero de 2026 el legislador recibió adicionales bajo el rubro de responsabilidad en montos que duplican el límite fijado por el Presupuesto General de la Nación. La legislación establece que quienes perciben ingresos iguales o superiores a los de un ministro solo pueden acceder a bonificaciones de hasta el 25%, sin embargo, en este caso se habría aplicado un 50%.
El argumento del titular del Congreso se basa en su rol como ordenador de gastos, lo que —según su interpretación— le habilitaría a recibir un plus mayor. No obstante, especialistas señalan que esta postura omite restricciones explícitas de la reglamentación, especialmente aquellas referidas a incompatibilidades para altos cargos.
La diferencia salarial también expone la irregularidad: mientras un ministro percibe poco más de G. 26 millones mensuales, Núñez supera los G. 42 millones, lo que lo ubica directamente dentro del grupo alcanzado por el tope más bajo de bonificaciones.
Lejos de anunciar la devolución del dinero, el senador optó por una postura confrontativa. Ante las consultas, evitó responder técnicamente y lanzó declaraciones que buscaron trasladar el debate hacia conflictos ajenos, incluso condicionando una eventual restitución a situaciones vinculadas al sector privado. En otro momento, desafió abiertamente a que se impulsen acciones legales en su contra.
En medio del escándalo, el legislador también intentó relativizar el caso mencionando antecedentes de otros actores políticos, sin refutar de manera concreta los cuestionamientos actuales. La única medida anunciada fue la suspensión futura del cobro de un bono adicional, decisión que se dio recién después de la difusión pública del caso.
A esto se suman cuestionamientos sobre el uso de recursos humanos vinculados al Estado en actividades políticas, particularmente en favor de la candidatura de su hija en Villa Hayes. Informes dan cuenta de incrementos salariales acelerados dentro de su entorno cercano, lo que alimenta sospechas sobre un esquema de beneficios direccionados.
Mientras el caso sigue generando reacciones, la situación de Núñez abre un nuevo foco de tensión sobre el manejo de fondos públicos y el cumplimiento de las normas que regulan las remuneraciones dentro de la función pública.
