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La iniciativa ahora pasa a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.
El planteamiento original apunta a suprimir los pagos adicionales que se suman a los salarios de ministros, viceministros, directores y otros altos cargos de confianza, especialmente aquellos conocidos como bonificaciones por responsabilidad o gastos de representación, que en algunos casos elevaron significativamente los ingresos mensuales de estas autoridades.
Durante el debate, se introdujeron modificaciones que buscan precisar el alcance de la medida, estableciendo que los beneficios ya no podrán ser otorgados a funcionarios designados políticamente, con el objetivo de evitar discrecionalidad en la asignación de recursos y garantizar mayor equidad dentro del aparato estatal.
El proyecto surge en medio de una fuerte presión ciudadana por reducir privilegios en la administración pública, luego de que se conocieran casos de incrementos salariales mediante bonificaciones que llevaron a varios altos funcionarios a percibir sumas considerablemente superiores a sus sueldos base.
Además, la propuesta se enmarca en el discurso oficial de ajuste del gasto y racionalización de los recursos públicos, en un escenario económico complejo donde se insiste en la necesidad de optimizar el uso del presupuesto.
De ser ratificada por Diputados, la normativa implicaría un cambio importante en la estructura salarial del sector público, eliminando uno de los mecanismos más cuestionados por su falta de transparencia y por las diferencias que genera entre funcionarios de distintos niveles dentro del Estado.
