¿Por qué países de primer mundo volvieron a votar con papeletas?
El debate por las máquinas de votación volvió a instalarse con fuerza en la recta final hacia las internas simultáneas del 7 de junio, en las que los partidos, movimientos y concertaciones definirán a sus candidatos para las elecciones municipales del 4 de octubre. En el centro de la controversia aparecen el Partido Liberal Radical Auténtico y sectores de la disidencia colorada, que exigieron mayores garantías ante sospechas de vulnerabilidad, eventuales fallas y posibles riesgos de manipulación del sistema.
La Justicia Electoral respondió con auditorías, verificaciones técnicas de hardware y software, revisión del código, pruebas del sistema y defensa pública de la cadena de custodia. Desde el TSJE se insiste en que no existen pruebas de fraude y que las máquinas ya fueron utilizadas en procesos anteriores, como las municipales de 2021 y las generales de 2023. Sin embargo, el punto político de fondo ya no es solamente si las máquinas funcionan, sino si logran generar confianza suficiente en todos los actores que competirán bajo esas reglas.
Ese es el mismo dilema que atravesaron democracias con mayor desarrollo institucional y tecnológico. Alemania, Países Bajos, Irlanda, Finlandia, Noruega y varios estados de Estados Unidos pasaron por debates similares. En algunos casos, la respuesta fue abandonar el voto electrónico. En otros, limitarlo. En otros, exigir papel verificable por el elector como condición mínima para aceptar la tecnología.
El antecedente alemán: una elección debe poder ser entendida por todos
Alemania es uno de los casos más citados en el mundo. En 2009, el Tribunal Constitucional Federal declaró inconstitucional el uso de máquinas de votación en elecciones federales bajo las condiciones en que estaban reguladas. El argumento no fue simplemente técnico, sino democrático: los pasos esenciales de una elección deben ser públicamente verificables por cualquier ciudadano, sin necesidad de conocimientos especializados.
La Corte alemana no sostuvo que toda tecnología electoral sea imposible, pero sí marcó una línea dura: no basta con que el Estado diga que el sistema es seguro. La ciudadanía debe poder controlar, de manera comprensible, que su voto fue emitido y contado correctamente. Desde entonces, Alemania no volvió a utilizar máquinas electrónicas de votación en elecciones federales y mantiene el sistema de papeletas.
Ese antecedente golpea directamente el corazón del debate paraguayo. En Paraguay, el votante selecciona en pantalla, la máquina imprime un boletín y ese boletín se deposita en la urna. En teoría, el papel permite una verificación. Pero el problema aparece cuando la confianza se traslada al software, a la carga de candidaturas, a la trazabilidad del sistema, al chip, al control del código, a la auditoría previa y a la capacidad real de los apoderados técnicos para revisar lo que se les presenta.
Países Bajos: del entusiasmo tecnológico al regreso al papel
Países Bajos también tuvo una experiencia decisiva. Durante años utilizó máquinas electrónicas, pero el sistema terminó bajo fuerte cuestionamiento por problemas de seguridad, falta de control público y dependencia de proveedores. En 2007, las máquinas fueron desautorizadas y el país volvió al voto en papel, marcado manualmente y contado de forma tradicional.
El caso neerlandés mostró que una elección puede perder legitimidad no solo cuando se prueba un fraude, sino también cuando el sistema no consigue demostrar de manera convincente que no puede ser manipulado. Esa diferencia es clave. En materia electoral, la carga no puede quedar únicamente sobre quien denuncia. También el sistema debe ser capaz de producir confianza activa.
La lección para Paraguay es evidente: la rapidez del escrutinio no puede convertirse en el principal argumento de legitimidad. Un resultado rápido, si no es creíble para los competidores y comprensible para la ciudadanía, puede terminar agravando la sospecha en vez de disiparla.
Irlanda: millones gastados y máquinas al depósito
Irlanda compró miles de máquinas electrónicas con la intención de modernizar su sistema electoral. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado por la falta de confianza, la ausencia de una trazabilidad verificable en papel y la resistencia política y ciudadana. En 2009, el Gobierno decidió abandonar definitivamente el sistema. Años después, las máquinas terminaron vendidas como chatarra.
El episodio irlandés dejó una advertencia incómoda: no todo gasto tecnológico se traduce en modernización democrática. Un sistema caro, sofisticado y promovido como avance puede fracasar si no resuelve la pregunta más elemental: ¿puede el elector comprobar que su voluntad fue respetada?
En Paraguay, el argumento de la eficiencia viene acompañado de la reducción de votos nulos, la rapidez del conteo y la facilidad para listas complejas. Pero esos beneficios conviven con una desconfianza política persistente. Y cuando las organizaciones que competirán en una interna dudan del instrumento, el problema deja de ser técnico y pasa a ser institucional.
Finlandia y Noruega: los experimentos que no convencieron
Finlandia realizó en 2008 una prueba de voto electrónico en tres municipios. El experimento terminó con problemas: se perdieron votos por fallas de uso y funcionamiento, y el máximo tribunal administrativo anuló los resultados en esas localidades. La experiencia quedó como ejemplo de cómo un problema aparentemente operativo puede afectar directamente la validez de una elección.
Noruega, por su parte, probó el voto por internet en elecciones locales y parlamentarias. Aunque la experiencia tuvo evaluaciones positivas en algunos aspectos, el Gobierno decidió no avanzar con su implementación general. Entre las razones pesaron la falta de impacto claro en la participación, el desacuerdo político y el temor de parte de los votantes sobre la seguridad del sistema.
Ambos casos muestran que la tecnología electoral no fracasa únicamente por un hackeo comprobado. También puede fracasar por errores de diseño, problemas de usabilidad, falta de consenso político o dudas ciudadanas persistentes.
Estados Unidos: el giro hacia el papel verificable
En Estados Unidos, el debate se profundizó después de años de uso de máquinas electrónicas sin respaldo de papel en varios estados. La tendencia posterior fue clara: abandonar los sistemas sin rastro físico y migrar hacia modelos con boletas de papel verificables por el elector.
Para 2024, casi todos los votantes estadounidenses ya sufragaban en jurisdicciones donde existía algún registro físico del voto. La discusión no eliminó completamente la tecnología, pero sí reinstaló al papel como garantía central. La lógica fue simple: una máquina puede ayudar, pero el voto debe quedar respaldado por una prueba material que permita auditorías posteriores.
Ese punto conecta directamente con Paraguay. El modelo local no es exactamente igual al de las máquinas sin papel, porque imprime un boletín. Pero la discusión actual revela que el papel por sí solo no alcanza si el elector no verifica efectivamente lo impreso, si los controles de software no son plenamente aceptados o si los actores políticos sospechan de la cadena previa a la jornada electoral.
El problema no es solo la máquina, es la confianza
El debate paraguayo se instaló en un clima político cargado. La disidencia colorada y sectores liberales denunciaron riesgos, exigieron auditorías y pusieron presión sobre el TSJE. La Justicia Electoral respondió con revisiones técnicas y con el discurso de que las críticas buscan desacreditar el sistema. Pero esa respuesta no resuelve por completo el problema de fondo.
Una elección no se sostiene solamente sobre la afirmación institucional de que todo está bien. Se sostiene sobre reglas aceptadas, controles independientes, trazabilidad clara, auditorías comprensibles y resultados que puedan ser defendidos incluso por quienes pierden.
Cuando un sistema electoral depende de componentes que la mayoría de los ciudadanos no puede comprender, la confianza se vuelve un recurso frágil. Y cuando ese sistema es utilizado en internas partidarias con disputas fuertes, acusaciones cruzadas y sospechas previas, la fragilidad se vuelve política.
La experiencia internacional demuestra que las democracias que retrocedieron del voto electrónico no necesariamente lo hicieron por nostalgia del papel. Lo hicieron porque entendieron que la tecnología no puede reemplazar la verificabilidad pública. El papel volvió al centro no por ser antiguo, sino por ser visible, auditable y comprensible.
Paraguay y el antecedente de 2021 y 2023
Paraguay ya utilizó máquinas de votación en las municipales de 2021 y en las generales de 2023. Para el TSJE, esos antecedentes demuestran que el sistema puede funcionar. Para los sectores críticos, en cambio, el uso anterior no cancela la necesidad de mayores garantías, especialmente ante elecciones internas donde los tribunales partidarios, los movimientos internos y los apoderados técnicos juegan un papel decisivo.
Las elecciones municipales tienen además una característica particular: multiplican candidaturas, listas, internas locales, liderazgos territoriales y disputas por estructuras partidarias. En ese escenario, cualquier sospecha sobre la carga de datos, la selección en pantalla, la impresión del voto o la transmisión de resultados puede convertirse en un conflicto político mayor.
El desafío no es menor. Si el TSJE logra que todos los sectores acepten el proceso, las máquinas pueden llegar al 7 de junio con respaldo suficiente. Si no lo logra, el sistema puede quedar técnicamente defendido, pero políticamente herido.
La pregunta que vuelve: rapidez o control
La principal promesa del voto electrónico es la rapidez. Permite ordenar listas complejas, reducir errores y acelerar resultados. Pero la pregunta que dejaron Alemania, Países Bajos, Irlanda, Finlandia y Estados Unidos es otra: ¿qué vale más en una elección, la velocidad del resultado o la certeza pública del procedimiento?
La democracia no necesita solamente saber rápido quién ganó. Necesita saber, de manera verificable, que ganó quien efectivamente recibió los votos. Y esa certeza no puede descansar en una caja negra, en explicaciones técnicas cerradas ni en una confianza obligatoria hacia la autoridad electoral.
Por eso, el debate paraguayo no debería reducirse a una pelea entre "modernos" y "atrasados". La papeleta no es necesariamente atraso, así como la máquina no es necesariamente fraude. El verdadero eje es la verificabilidad. Si la tecnología fortalece el control ciudadano, puede ser una herramienta útil. Si lo debilita, se convierte en un riesgo institucional.
Una advertencia antes del 7 de junio
A pocos días de las internas, Paraguay enfrenta una discusión que otros países ya atravesaron con costos altos. La confianza electoral es difícil de construir y muy fácil de destruir. Una auditoría tardía, una explicación insuficiente, una revisión suspendida o una duda no respondida pueden pesar más que cualquier campaña institucional.
El TSJE tiene la obligación de garantizar no solo que las máquinas funcionen, sino que todos los actores puedan comprobarlo de forma seria, amplia y transparente. Los partidos, por su parte, tienen la responsabilidad de denunciar con pruebas y no convertir la sospecha en herramienta de campaña sin sustento.
Pero la historia internacional deja una conclusión contundente: cuando el sistema de votación exige demasiada fe y ofrece poca verificación comprensible, las democracias tienden a volver al papel. No porque el papel sea perfecto, sino porque permite algo que ninguna máquina puede sustituir por completo: que el ciudadano vea, toque y controle la prueba material de su voto.
Paraguay está ante ese dilema. Las máquinas prometen rapidez. La papeleta promete control visible. Y en una elección cargada de sospechas, la pregunta ya no es solamente qué sistema cuenta más rápido, sino cuál sistema convence más.