PolíticaReacción
Desde la institución negaron irregularidades, defendieron el sistema de verificación aplicado y afirmaron que algunos sectores ya tenían una postura definida antes incluso de participar de las pruebas técnicas.
La polémica se intensificó luego de que técnicos acreditados de agrupaciones minoritarias presentaran un comunicado en el que advertían sobre supuestas restricciones para realizar controles independientes al sistema electoral electrónico. Entre los cuestionamientos señalaban limitaciones para acceder a herramientas de análisis, dificultades para desarrollar pruebas externas y falta de transparencia en el proceso llevado adelante por la Justicia Electoral.
Sin embargo, el director de Financiamiento Político del TSJE, Cristhian Ruiz Díaz, rechazó las acusaciones y aseguró que el organismo permitió todas las verificaciones posibles dentro de los límites legales y contractuales establecidos con la empresa proveedora de las máquinas, la firma argentina MSA.
El funcionario sostuvo que varios de los reclamos realizados eran inviables porque excedían las facultades del organismo electoral. Según explicó, algunos técnicos incluso pretendían trasladar las máquinas a laboratorios externos o acceder al código fuente del sistema, algo que —según dijo— está protegido por normas de propiedad intelectual y condiciones contractuales.
Ruiz Díaz recordó que el TSJE no es propietario de la tecnología utilizada para las elecciones, sino que la alquila exclusivamente para el proceso electoral, motivo por el cual la institución debe respetar las cláusulas acordadas con la empresa proveedora.
Además, negó categóricamente que se hayan restringido herramientas de verificación durante las jornadas técnicas desarrolladas en laboratorio. Afirmó que los representantes acreditados tuvieron acceso a distintos dispositivos electrónicos y realizaron múltiples pruebas con el objetivo de intentar vulnerar el sistema.
Incluso aseguró que algunos participantes utilizaron equipos especializados para clonar tarjetas y otros mecanismos electrónicos sin lograr alterar el funcionamiento de las máquinas.
El funcionario también sostuvo que existieron diferencias marcadas entre los sectores políticos que participaron del proceso. Según indicó, mientras algunos representantes aprovecharon las jornadas para realizar consultas y pruebas técnicas, otros mantuvieron una actitud crítica desde el inicio sin desarrollar controles concretos.
En ese contexto, acusó a determinados sectores de impulsar un discurso político orientado a desacreditar el sistema electoral antes de las internas municipales.
La controversia se da en medio de crecientes cuestionamientos sobre la seguridad y transparencia de las máquinas de votación que volverán a utilizarse en los próximos comicios partidarios y posteriormente en las elecciones municipales previstas para octubre.
Durante los últimos días, técnicos vinculados a partidos de oposición y movimientos minoritarios denunciaron supuestas falencias en la auditoría, advirtiendo que el proceso no garantizaba una revisión independiente real del software y del funcionamiento integral de las máquinas.
Desde el TSJE, sin embargo, sostienen que las acusaciones carecen de sustento técnico y remarcan que las verificaciones fueron abiertas a las organizaciones políticas acreditadas dentro de las condiciones permitidas por el contrato y las normativas vigentes.
El debate sobre las máquinas electrónicas vuelve así a instalar tensión política a pocas semanas de las internas municipales, en un escenario donde la confianza en el sistema electoral comienza a convertirse en uno de los ejes centrales de la campaña.
