Política criminal urge reforma profunda más allá de medidas simbólicas
En medio de un creciente debate en el Congreso Nacional sobre la reducción de la edad de imputabilidad y el endurecimiento de penas para menores de edad, la abogada y especialista en derechos humanos, Alejandra Peralta, lanzó una advertencia directa: sin estudios criminológicos, las reformas penales no tienen impacto real en la disminución del delito. Sus declaraciones reavivan el debate sobre el rol de la política criminal en Paraguay y plantean dudas profundas sobre la efectividad de las medidas que buscan responder a crímenes como el de María Fernanda, una menor víctima de feminicidio que conmocionó al país.
Un país que castiga, pero no estudia el crimen
Para Peralta, nuestro país dispone de estadísticas claras sobre feminicidios, abuso sexual infantil y violencia familiar. Sin embargo, a pesar de los cambios legislativos que han endurecido penas y declarado imprescriptibles ciertos delitos, las cifras no han descendido, e incluso han aumentado. "Cada vez que se aumentan las penas, observamos en nuestras estadísticas que los casos siguen creciendo", dijo. Para la experta, esto revela la ausencia de una política criminal seria y científica.
"Se necesita un abordaje mucho más profundo", advirtió, lamentando que ni el Ministerio Público ni otras instituciones realicen estudios técnicos con criminólogos. Pese a contar con observatorios y direcciones especializadas, las decisiones legislativas continúan tomándose "desde la reacción emocional y no desde la evidencia", según denunció.
Reformas penales recientes: medidas sin impacto
En los últimos años, el Congreso Nacional ha aprobado varias leyes que endurecen penas por delitos graves. Entre ellas, destaca la ley que eleva la pena por abuso sexual infantil hasta 30 años de prisión y declara estos hechos como imprescriptibles. También se modificó la legislación sobre feminicidio, ampliando las penas y ajustando las figuras penales.
No obstante, los resultados no son alentadores. "Las cifras continúan aumentando", insiste Peralta. A su juicio, esto demuestra que el castigo no disuade si no se acompaña de políticas de prevención, protección, educación y atención a las víctimas. Y va más allá: califica como un grave error político la decisión de debatir la eliminación de ministerios como el de la Mujer y el de la Niñez, instituciones clave para diseñar una política pública efectiva en estos temas.
El Congreso propone: más cárceles para menores
En este contexto, el Parlamento ha impulsado nuevas propuestas que apuntan directamente a los menores de edad. En marzo de 2025, diputados debatieron la reducción de la edad de imputabilidad penal a 14 años, con la posibilidad de imponer condenas de hasta 20 años para delitos graves como feminicidio, homicidio o violación.
Estas propuestas surgieron tras la conmoción nacional causada por el asesinato de María Fernanda, una adolescente víctima de feminicidio. El caso provocó presión social y política para reformar el sistema penal juvenil. Si bien algunos sectores proponen incluso bajar la edad a 13 o 12 años, el consenso hasta ahora gira en torno a los 14.
También se plantea el endurecimiento de penas para adolescentes que cometan delitos violentos, contemplando desde prisión prolongada hasta mecanismos de seguimiento como supervisión electrónica y trabajo comunitario. Sin embargo, muchos expertos, incluidos constitucionalistas y psicólogos, han alertado que estas medidas podrían tener un efecto contrario si no se basan en un enfoque integral.
Castigar sin prevenir: una fórmula fracasada
Para Peralta, este tipo de reformas son solo respuestas punitivas frente a una sociedad que clama justicia, pero que no ha construido estructuras de prevención. "El castigo no es una política pública", afirma. Lo que hace falta, insiste, es reforzar la capacidad del Estado para intervenir antes del crimen: en las escuelas, en las comunidades, en los hogares. "No se está entendiendo el fenómeno de la criminalidad desde una perspectiva científica", agrega.
Además, lamenta que Paraguay no aproveche herramientas como estudios comparados con países que ya han recorrido este camino, como Estados Unidos o Chile. "Estamos muy lejos. Y, sin embargo, estamos queriendo eliminar ministerios, en lugar de fortalecerlos", concluyó con preocupación.
Más ciencia, menos castigo simbólico
La postura de Alejandra Peralta reabre una discusión de fondo: ¿está Paraguay creando leyes para calmar a la opinión pública o para solucionar realmente los problemas? Su análisis deja en evidencia que sin investigación, sin coordinación entre instituciones, sin un abordaje integral y preventivo, las penas más duras no hacen más que engrosar las cárceles sin frenar el crimen.
Mientras el Congreso avanza con reformas penales, crece la preocupación de que se esté legislando en la oscuridad, sin datos, sin ciencia, sin una política criminal que funcione. Y, sobre todo, sin escuchar a quienes conocen el fenómeno criminal desde dentro.
