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La iniciativa fue impulsada por el senador oficialista Javier Zacarías Irún, del movimiento Honor Colorado, y su tratamiento fue aprobado para la fecha mencionada.
Si bien Zacarías Irún reconoció que el aumento de las penas no representa una solución definitiva, insistió en que se trata de una medida necesaria ante el actual contexto de inseguridad. Sin embargo, él y otros legisladores cartistas como "Nano" Galaverna, "Beto" Ovelar y Norma Aquino, respaldaron el proyecto sin hacer referencia a la ineficiencia de la Policía Nacional en la prevención del delito, un punto que fue objeto de crítica desde otros sectores del Senado.
El senador independiente Ignacio Iramain expresó su preocupación por la superficialidad con la que se aborda el tema, señalando que la raíz del problema es mucho más compleja. Cuestionó la indiferencia de sus colegas ante casos como el de la adolescente Fernanda, e hizo hincapié en que el debate no puede centrarse exclusivamente en el endurecimiento de penas, sino en un abordaje integral. También lamentó la pérdida de referentes éticos en la sociedad y la confusión entre lo correcto y lo corrupto.
Desde el Partido Liberal Radical Auténtico, el senador Enrique Salyn Buzarquis advirtió sobre el riesgo de convertir la educación sexual en un tema ideológico, y propuso la elaboración de una política de Estado que promueva una profunda reforma del sistema de salud mental y de educación sexual sin sesgos ni estigmas.
Por su parte, la senadora Celeste Amarilla también se manifestó a favor de elevar las penas para menores, pero apeló a la comunidad jurídica para que presente propuestas más completas y fundamentadas desde el ámbito penal, con el objetivo de mejorar el marco normativo vigente.
El debate en el Senado se perfila como uno de los más sensibles del año, con posturas divididas entre quienes apuestan por la represión como medida inmediata y quienes exigen un enfoque más amplio y estructural para abordar la problemática de fondo que afecta a la niñez y adolescencia en el país.
