Piden interpelar a titular del Indert por irregularidades
El episodio, calificado como una maniobra "irrisoria", "criminal" y superior en gravedad al recordado caso de la finca 916, revivió el historial de irregularidades que envuelven a la institución encargada de administrar tierras públicas.
En el pleno, la reacción más dura partió del senador Eduardo Nakayama, quien recordó que desde su origen la institución estuvo marcada por prácticas corruptas que derivaron en la apropiación ilegal de ocho millones de hectáreas a favor de jerarcas stronistas, aliados políticos, empresarios y operadores del poder. Señaló que la operación actual encaja en esa misma línea, denunciando que la excusa de la supuesta explotación ganadera es insostenible en un terreno tan reducido y ubicado sobre el río Paraguay. Relató incluso un caso paralelo: unas 60 hectáreas de la ANNP concedidas a una joven vinculada a personas con antecedentes controvertidos, reforzando la idea de un esquema sistemático de despojo.
La acusación más frontal apuntó directamente al titular del Indert. Nakayama recordó que el propio Tribunal de Cuentas había rechazado el pedido del empresario beneficiado, pero que aun así la autoridad rural revocó una resolución previa para habilitar la venta, convirtiéndose así —a criterio del legislador— en partícipe de un perjuicio estatal que debería derivar en prisión, como ocurrió con anteriores presidentes de la institución.
Desde Cruzada Nacional, la senadora Yolanda Paredes consideró que la venta constituye un escándalo sin antecedentes y ridiculizó el precio de la operación, equivalente a unos 89 dólares por hectárea. Recordó que Ruiz Díaz había manifestado que su meta era evitar acabar preso, cuestionando que ahora se repita un patrón que llevó a otros funcionarios de la entidad a procesos y condenas.
El oficialismo también subió el tono. El senador Óscar "Cachito" Salomón calificó de extremadamente peligrosa y dañina la maniobra. Sostuvo que, como el Congreso no puede intervenir en un contrato entre el Indert y un privado, la alternativa más drástica es recurrir a una expropiación para restituir la propiedad al Estado. Su planteamiento fue celebrado por varios parlamentarios, y se convirtió en una de las propuestas legislativas que podría impulsarse de inmediato.
Celeste Amarilla, del PLRA, sostuvo que el precio pagado constituye una afrenta al patrimonio nacional y advirtió que detrás del proyecto supuestamente ganadero se ocultaría la intención de instalar un astillero, lo que, a su criterio, confirma la existencia de un favorecimiento político. Aseguró que el procurador general debe intervenir y recuperar las tierras, y que Ruiz Díaz debe afrontar no solo una interpelación, sino auditorías exhaustivas y sanciones penales.
Patrick Kemper, de Honor Colorado, apeló a un camino institucional más clásico. Recordó que ya existe un pedido de informes y afirmó que el paso siguiente es convocar a Ruiz Díaz al Senado para explicar las razones y los procedimientos utilizados. Tras ese trámite, señaló que corresponderá evaluar la presentación de una ley específica.
Rafael Filizzola cerró la ronda con un mensaje dirigido al poder político. Comparó la gestión paraguaya con el rigor aplicado por Brasil en la protección de las zonas aledañas al corredor logístico, y afirmó que lo ocurrido revela un nivel de entrega incompatible con el interés nacional. Insinuó que detrás de la operación podría haber beneficios encubiertos que terminarían llegando al entorno presidencial.
El caso crece en repercusión y podría convertirse en uno de los mayores escándalos de tierras de los últimos años. El futuro inmediato del titular del Indert dependerá de la celeridad con que avancen los pedidos de informes, la posible interpelación y las iniciativas legislativas de reversión, mientras se acumulan acusaciones que anticipan un conflicto político e institucional de alto voltaje.