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El área, ubicada junto al futuro puente del Corredor Bioceánico por donde transitarán más de 1.500 camiones diarios provenientes de Brasil, estaba destinada originalmente a instalaciones clave para el funcionamiento del Estado en la zona.
Según detalló Espínola ante el pleno, de esas 29 hectáreas, unas 12 estaban reservadas para Aduanas y otras instituciones públicas. Allí debían levantarse oficinas, dependencias operativas y viviendas para al menos 100 funcionarios durante los primeros años de funcionamiento del corredor. El diputado sostuvo que ese predio constituía "el núcleo del futuro centro logístico estatal del Chaco", punto neurálgico para la presencia institucional en un territorio que se convertirá en el principal enlace comercial terrestre entre Paraguay y el mercado brasileño.
Espínola afirmó que, pese a ese destino estratégico y a una sentencia firme que ya reconocía el derecho del Estado sobre el inmueble, el Indert anuló su propia resolución y entregó todo el lote a un particular por un precio que calificó de "ridículo" y perjudicial para el interés público. A su criterio, el daño no es solo económico, sino geopolítico y de planificación estatal, ya que se dejó al Estado sin un espacio fundamental en una zona donde se prevé una intensa actividad de camiones, embarcaciones y operaciones aéreas asociadas al corredor. "El interés general está por encima del particular", insistió, al tiempo de sostener que el Poder Ejecutivo tiene la potestad y la obligación de revertir lo que considera un "despojo".
El legislador también advirtió sobre los riesgos derivados del creciente atractivo económico en Carmelo Peralta. Mencionó que la especulación inmobiliaria ya generó conflictos que desplazaron proyectos estatales y que, en este caso específico, los terrenos vendidos eran esenciales para la instalación de entidades como Aduanas, Migraciones, SENAD y otras oficinas públicas, que requerirán presencia permanente y una estructura adecuada para operar en los próximos años. Recordó que recientemente el Estado logró recuperar 127 hectáreas destinadas al nuevo aeropuerto de la zona, por lo que, según dijo, el Gobierno todavía está a tiempo de impedir un nuevo perjuicio sobre el patrimonio fiscal.
Ante los cuestionamientos, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, defendió el procedimiento y sostuvo que la adjudicación se realizó conforme a la Ley. Explicó que el precio fijado responde a un proceso interno avalado por la Junta Asesora y de Control de Gestión del Indert, y que ninguna tierra pública se otorga sin los correspondientes estudios técnicos y jurídicos. Aseguró además que los montos cobrados corresponden a valores establecidos por la administración anterior y que el ente obró siguiendo esas referencias.
Ruiz Díaz agregó que cuenta con el respaldo total del presidente Santiago Peña, quien —según remarcó— está al tanto del proceso de formalización de tierras públicas y de la adjudicación de lotes dentro de los criterios de la reforma agraria y las normativas vigentes. El titular del Indert insistió en que el instituto actúa dentro del marco legal y con apego a las políticas agrarias establecidas.
El cruce de posturas deja abierta una discusión que involucra intereses públicos, planificación territorial y el futuro del mayor corredor logístico del país. Mientras Espínola exige al Ejecutivo intervenir para revertir la operación, el Indert mantiene que el procedimiento fue legítimo. El caso se convierte así en un nuevo capítulo del debate sobre la gestión de las tierras fiscales en una zona donde el desarrollo avanza con velocidad, acompañado también de tensiones, presiones y disputas por espacios estratégicos.
