"Periodistas pueden esperar": Senado posterga hasta marzo ley de protección
La decisión fue adoptada por consenso, luego de que se planteara la necesidad de un mayor análisis sobre el contenido de la iniciativa impulsada desde las filas del oficialismo.
La moción de postergación fue presentada por la senadora Esperanza Martínez, quien sostuvo que el proyecto ingresó recientemente al circuito legislativo y que no existieron aún las condiciones para un debate profundo, amplio y participativo. A criterio de la parlamentaria, la propuesta requiere un proceso de socialización real con los sectores involucrados, así como el aporte técnico de organizaciones especializadas y del propio gremio periodístico.
El plan normativo fue promovido por la bancada de Honor Colorado, con el acompañamiento de varios legisladores de ese sector político, encabezados por Basilio Núñez. La propuesta apunta a crear un marco legal para brindar resguardo a comunicadores, periodistas y a su entorno familiar frente a amenazas, agresiones y otros hechos de violencia relacionados con el ejercicio profesional.
Sin embargo, uno de los puntos más cuestionados del proyecto es que deja fuera de su alcance a los defensores de derechos humanos, quienes sí estaban contemplados en versiones anteriores de propuestas similares. Además, el diseño institucional del texto otorga al Ministerio del Interior el rol central en la definición y ejecución de las medidas de seguridad, lo que generó objeciones por la concentración de atribuciones en una sola dependencia del Poder Ejecutivo.
Desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay y otros sectores vinculados a la defensa de la libertad de expresión se expresaron reparos al contenido actual de la iniciativa. Señalan que el esquema propuesto carece de instancias de control independientes, no prevé órganos colegiados ni participación activa de la sociedad civil, lo que, a su entender, debilita seriamente las garantías de una aplicación transparente y efectiva.
Las críticas apuntan especialmente a que el diseño vigente deja en manos de una autoridad política de turno la definición de quién accede o no a las medidas de protección, abriendo la puerta a criterios discrecionales en un ámbito especialmente sensible como es la seguridad de quienes ejercen el periodismo.
La postergación del tratamiento vuelve a dejar en suspenso una demanda histórica del sector, que desde hace años reclama un marco legal sólido frente al aumento de amenazas, agresiones, persecuciones judiciales y hostigamientos que afectan a comunicadores en distintas zonas del país. Para referentes del gremio, la dilación implica una nueva oportunidad desperdiciada para avanzar hacia una protección real, integral y con garantías institucionales.
Mientras tanto, la discusión queda diferida para el próximo periodo legislativo, en un contexto en el que el debate sobre la libertad de prensa, el acceso a la información y la seguridad de los trabajadores de medios sigue ocupando un lugar central en la agenda pública.