Pérez exige revertir entrega de tierras en la Bioceánica alertando sobre el ingreso de grupos criminales
La exministra de Justicia, Cecilia Pérez, advirtió sobre los riesgos para Paraguay tras la entrega de tierras en la zona del puente de Carmelo Peralta, un punto estratégico del Corredor Bioceánico.
Según Pérez, la cesión de estos terrenos, cuestionada y con procesos judiciales pendientes, no solo podría ser una irregularidad administrativa, sino que también compromete la seguridad regional en un área clave para el comercio internacional.
En entrevista con El Nacional, explicó que las tierras en disputa se encuentran en la convergencia de la hidrovía Paraguay-Paraná y la futura ruta bioceánica, lo que convierte a Paraguay en un punto estratégico entre el Atlántico y el Pacífico.
Esta posición, advirtió, genera oportunidades económicas, pero también riesgos concretos: grupos criminales como el Primer Comando Capital (PCC) o el Comando Vermelho podrían usar el corredor como vía de expansión.
Recordó que la hidrovía ya fue utilizada como vía para el tráfico de drogas y lavado de dinero en casos como A Ultranza y las operaciones del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, cuya red criminal mantuvo vínculos con organizaciones como el PCC.
"Al convertirnos nosotros en un punto estratégico geopolíticamente hablado para el comercio internacional, también tenemos el esquema de seguridad que viene detrás, que si ya vino por la hidrovía, porque no entraría por la ruta bioceánica", apuntó.
La exministra cuestionó que se haya revertido una decisión administrativa para favorecer la cesión de tierras cuando aún existen recursos judiciales pendientes ante la Corte Suprema. Según expresó, esta maniobra no solo vulnera procesos institucionales, sino que abre una puerta peligrosa para intereses particulares en detrimento del interés público: "Estamos hablando claramente del negocio de alguien", lamentó.
Bajo control del Estado
Pérez insistió en que los terrenos deben permanecer bajo control del Estado, ya que su función estratégica requiere una presencia institucional fuerte, articulada y con alianzas internacionales, especialmente con Brasil, que comparte ese corredor crítico.
"Debe ser un centro de convergencia de instituciones, con cooperación directa con las autoridades brasileñas que operan en la zona", subrayó.
Declaración terroristas
La profesional también cuestionó la falta de una política de Estado consistente para blindar la zona ante los nuevos desafíos geopolíticos que trae la Bioceánica.
Advirtió que si el Gobierno no revierte la decisión y no establece un marco de seguridad, las declaraciones oficiales como las de terroristas a grupos criminales quedan "en simples papeles" sin impacto político, jurídico, geopolítico y mucho menos a nivel internacional. "Todo queda en los papeles y es una cháchara de propaganda", acotó.
Finalmente, sostuvo que la defensa de esta franja de territorio debe ser prioridad nacional, ya que está en juego la capacidad del país para enfrentar amenazas transnacionales y resguardar su soberanía en un corredor que será uno de los más transitados del continente.
Contexto
En la zona estratégica donde se construirá el puente internacional de Carmelo Peralta, un punto geopolítico que conecta la ruta bioceánica con la hidrovía y convierte al país en punto de tránsito entre el Atlántico y el Pacífico, se detectaron adjudicaciones irregulares de tierras fiscales realizadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Se trata de terrenos de alto valor geopolítico y comercial, destinados originalmente a instituciones del Estado, pero que fueron entregados a particulares a precios muy bajos.
Un caso emblemático es la adjudicación de 60 hectáreas a una beneficiaria por apenas G. 585.000 por hectárea, cuando el valor real en la zona puede superar los US$ 20.000 por hectárea. Parte de esos terrenos habían sido asignados previamente a la Administración Nacional de Navegación y Puerto (ANNP) y a Aduanas.
Las adjudicaciones se concretaron con una rapidez inusual, sin estudios técnicos completos y en algunos casos con advertencias internas sobre posibles violaciones al estatuto agrario.