Diputados sanciona 10 años la pena máxima para adolescentes en casos graves
La iniciativa fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual veto y se convierte en una de las principales respuestas legislativas surgidas tras el conmocionante crimen de María Fernanda Benítez.
La discusión final giró en torno al límite máximo de la condena aplicable a menores de edad. Mientras el Senado insistía en elevar la pena hasta 15 años, la Cámara Baja decidió mantenerse firme en la versión aprobada anteriormente, que fija un tope de 10 años.
La posición de Diputados terminó imponiéndose durante la votación y quedó incorporada al texto definitivo que será remitido al presidente de la República.
Durante el debate, la diputada Dalia Estigarribia defendió la postura de la Cámara argumentando que la modificación busca responder a una creciente preocupación social por hechos violentos protagonizados por adolescentes, sin perder de vista que los infractores continúan siendo menores de edad sujetos a un régimen especial de justicia.
La legisladora sostuvo que el objetivo es establecer sanciones más severas para los casos con circunstancias agravantes, pero manteniendo un enfoque orientado a la rehabilitación y reinserción social. En ese sentido, remarcó que la respuesta del Estado no debe limitarse únicamente al castigo, sino también incorporar mecanismos que permitan reducir la reincidencia y prevenir nuevos hechos de violencia.
El proyecto incluye además disposiciones relacionadas con el acompañamiento profesional, evaluaciones psicológicas y programas de seguimiento para adolescentes condenados, con la intención de fortalecer las herramientas de recuperación social dentro del sistema de justicia juvenil.
La iniciativa tuvo escaso debate en el pleno y prácticamente no encontró resistencia. Solo dos legisladores optaron por abstenerse durante la votación, mientras que la amplia mayoría acompañó la ratificación de la postura de Diputados.
El endurecimiento de las penas surgió a raíz del asesinato de María Fernanda Benítez, la adolescente de 17 años cuyo caso generó una profunda conmoción nacional. La investigación sostiene que la joven fue asesinada cuando cursaba un embarazo y que posteriormente se intentó ocultar el crimen mediante la incineración de su cuerpo.
La gravedad del caso impulsó un intenso debate sobre la legislación vigente y los límites de las sanciones aplicables a menores involucrados en delitos especialmente violentos. Diversos sectores reclamaron una revisión del marco legal, argumentando que las penas actuales resultaban insuficientes frente a hechos de semejante magnitud.
Con la aprobación parlamentaria, la decisión queda ahora en manos del Poder Ejecutivo. De ser promulgada, la nueva normativa elevará de ocho a diez años la pena máxima de privación de libertad para adolescentes responsables de crímenes graves, modificando uno de los puntos más sensibles del Código de la Niñez y la Adolescencia.
La medida se suma a otras iniciativas impulsadas tras el caso María Fernanda y reabre el debate sobre el equilibrio entre castigo, protección de derechos y reinserción de adolescentes que ingresan al sistema penal.