Oficialistas rechazan ley para evitar más "Hernán Rivas" en el JEM
La sesión estuvo marcada por fuertes cruces verbales, acusaciones de proteger viejas prácticas y denuncias de amenazas contra parlamentarios opositores.
La iniciativa, impulsada hace más de un año por sectores de la oposición, pretende establecer que los representantes del Congreso ante el JEM no solo posean título de abogado, sino que además acrediten al menos una década de ejercicio profesional, ya sea en la magistratura, la fiscalía, la docencia jurídica o el libre ejercicio de la profesión.
Sin embargo, el bloque cartista y sus aliados impulsaron nuevamente la postergación del estudio del proyecto. La propuesta inicial fue aplazar el debate por 15 días, aunque posteriormente se planteó extender la suspensión por un mes más. Finalmente, la mayoría consiguió imponer esta última alternativa mediante votación.
La diputada Rocío Vallejo fue una de las voces más críticas contra la decisión. La legisladora cuestionó la falta de voluntad para debatir una propuesta que, según afirmó, busca fortalecer la credibilidad del organismo encargado de juzgar la conducta de jueces y fiscales. Además, sostuvo que ya se habían realizado modificaciones al texto original para alcanzar consensos, por lo que consideró injustificable una nueva dilación.
Vallejo insistió en que la discusión de fondo pasa por evitar que vuelvan a repetirse situaciones como las que involucraron al exsenador Hernán Rivas y al exdiputado Orlando Arévalo, cuyas actuaciones generaron una fuerte controversia política e institucional. A su criterio, el Congreso tiene la obligación de garantizar que quienes integren el JEM cuenten con trayectoria y formación comprobadas.
Durante el debate también intervino el diputado Roberto González, quien respaldó la propuesta y afirmó que resulta razonable exigir experiencia profesional a quienes aspiren a representar al Poder Legislativo en una institución de semejante relevancia. El parlamentario señaló que los recientes escándalos vinculados a títulos universitarios cuestionados obligan al Congreso a elevar sus estándares de selección.
La sesión subió de tono cuando el diputado Raúl Benítez acusó al oficialismo de intentar mantener intacto el esquema que permitió la llegada de figuras cuestionadas al organismo extrapoder. Sus declaraciones provocaron una reacción inmediata desde las bancadas cartistas y derivaron en un nuevo enfrentamiento político.
Según denunciaron legisladores opositores, durante la discusión se escucharon expresiones relacionadas con la posibilidad de promover medidas extremas contra parlamentarios críticos, incluyendo referencias a eventuales pedidos de pérdida de investidura. Benítez respondió públicamente al desafío y sostuvo que no se dejará intimidar por las amenazas.
La diputada Johanna Ortega también salió al paso de las advertencias y cuestionó lo que calificó como una práctica recurrente para intentar silenciar voces disidentes dentro de la Cámara. La legisladora afirmó que el oficialismo recurre con frecuencia a mecanismos de presión cuando se plantean temas incómodos para la mayoría parlamentaria.
Tras una primera votación que terminó igualada, la presidencia de la Cámara sometió nuevamente la cuestión a consideración del pleno. En la segunda ronda, el oficialismo logró reunir los votos suficientes para aprobar la postergación por 30 días, dejando una vez más en suspenso el tratamiento de la reforma.
Con esta decisión, el proyecto seguirá archivado temporalmente y la discusión sobre los requisitos para integrar el JEM volverá a quedar pendiente. Mientras tanto, la controversia por los antecedentes de quienes ocuparon cargos en el organismo y las acusaciones de protección política continúan alimentando uno de los debates más sensibles del ámbito institucional paraguayo.