PolíticaSeguirán movilizados
La Cámara de Senadores aprobó la reforma de la Caja Fiscal, una decisión que marca un punto clave en el debate sobre el sistema jubilatorio de los funcionarios públicos y que generó reacciones inmediatas en el sector docente. Tras la votación, representantes sindicales cuestionaron la medida y advirtieron sobre posibles consecuencias políticas para los legisladores que respaldaron la iniciativa.
El dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), Gabriel Espínola, manifestó que el gremio docente recibe la decisión del Senado con profunda preocupación. Señaló que el sector se retira "con dolor" tras el resultado de la votación y exhortó a la ciudadanía a recordar la postura de los parlamentarios que apoyaron la reforma cuando lleguen las próximas elecciones, planteando la idea de aplicar un "voto castigo".
Desde otra de las principales organizaciones del magisterio también se pronunciaron tras la aprobación. Silvio Piris, titular de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), sostuvo que el gremio continuará movilizado y adelantó que no permitirán que prospere la versión del proyecto que fue aprobada previamente en la Cámara de Diputados. A pesar de las críticas, el dirigente reconoció que el texto aprobado en el Senado representa para el sector una victoria parcial, especialmente en lo relacionado con el nuevo esquema de jubilación docente.
La reforma fue aprobada tomando como base el dictamen impulsado por la Comisión de Hacienda del Senado. El presidente de ese órgano legislativo, el senador Silvio "Beto" Ovelar, explicó que la propuesta incorpora cambios importantes en el sistema previsional estatal, principalmente en los porcentajes de aportes y en las condiciones para acceder al retiro.
Uno de los ejes de la iniciativa establece un sistema diferenciado de contribuciones según la situación financiera de cada sector. De acuerdo con el planteamiento, los sectores considerados deficitarios —como el magisterio nacional, docentes universitarios, magistrados judiciales, además de policías y militares— deberán aportar el 19% de su remuneración imponible. En cambio, los sectores con equilibrio o superávit mantendrán un aporte del 16%.
El proyecto también redefine la participación del Estado dentro del sistema previsional, fijando un aporte patronal del 10%. Según Ovelar, este porcentaje es superior al que se había planteado en las primeras versiones de la reforma discutidas en el Congreso.
Entre los cambios más relevantes se encuentran las nuevas condiciones para la jubilación de docentes y magistrados. El texto establece que podrán retirarse a partir de los 53 años de edad siempre que cuenten con al menos 25 años de aportes. En esas condiciones, la tasa inicial de reemplazo será del 78% del salario, porcentaje que podrá incrementarse progresivamente hasta alcanzar el 90% si el trabajador permanece en actividad hasta los 58 años y completa 30 años de servicio.
La normativa también contempla un beneficio específico para las mujeres del magisterio y de la docencia universitaria, ya que se restablece el reconocimiento de hasta dos hijos como parte del cómputo de años de servicio a efectos del cálculo jubilatorio.
Además, el proyecto incluye una disposición transitoria dirigida a docentes que ya cuentan con 20 años o más de aportes. Estas personas tendrán la posibilidad de optar entre jubilarse bajo el régimen actualmente vigente o acogerse a las nuevas condiciones establecidas en la reforma.
En cuanto a la base de cálculo del haber jubilatorio para el sector educativo, se mantiene el criterio de utilizar el promedio de las remuneraciones imponibles correspondientes a los últimos cinco años de servicio. Este mismo método se aplicará también para docentes universitarios y magistrados del Poder Judicial.
Para policías y militares, la propuesta fija que podrán acceder a la jubilación a partir de los 55 años de edad con al menos 25 años de aportes. En ese caso, la tasa inicial de jubilación será del 75%, pero podrá incrementarse gradualmente hasta alcanzar el 90% si el beneficiario llega a los 60 años y completa 30 años de servicio.
Según indicó Ovelar, una vez finalizado el proceso legislativo y si la normativa es promulgada por el Ejecutivo, la reforma entrará en vigencia inmediatamente después de su publicación en la Gaceta Oficial. Mientras tanto, el debate político y social en torno a la Caja Fiscal continúa intensificándose, con los gremios docentes anticipando nuevas acciones en defensa de sus reclamos.
