PolíticaDiputados devuelve "feudos"
En una sesión ordinaria marcada por la velocidad y la disciplina de la bancada oficialista, Diputados sancionó el proyecto de ley que modifica el artículo 8 de la Ley 609/1995, que organiza la Corte Suprema de Justicia, y deroga la Ley 7058/2023. El cambio central es simple pero de enorme alcance: la Corte vuelve a decidir por sí misma, vía acordadas internas, el plazo y la permanencia de cada ministro como superintendente de las circunscripciones judiciales del país.
La norma vigente desde 2023 obligaba a una rotación periódica, de dos años, de los ministros al frente de las distintas circunscripciones y prohibía la reelección inmediata en la misma jurisdicción. Ese esquema se aprobó como respuesta a años de señores feudales en la Justicia, ministros que se eternizaban sobre un territorio y concentraban poder disciplinario y administrativo sobre jueces, fiscales y funcionarios, generando subordinación y temor a los traslados.
Con la nueva redacción, ese límite se borra. El período y la permanencia de los superintendentes quedarán definidos por reglamentos internos de la propia Corte, votados en sesión plenaria cada febrero, al mismo tiempo que se eligen presidente, vicepresidencias e integración de salas. Es, en los hechos, la restitución plena del poder territorial a los ministros y la vuelta del modelo de feudos judiciales que la ley de 2023 buscó desmontar.
El trámite también fue contundente en lo político: el proyecto ya contaba con media sanción del Senado y en Diputados la mayoría colorada y sus aliados cerraron filas para completar la sanción en tiempo récord, a días del receso parlamentario. Desde la propia crónica institucional se admite que el documento pasa ahora al Poder Ejecutivo casi como un formalismo, para su promulgación o eventual veto.
La reunión en Mburuvicha Róga que desató el escándalo
La sanción de la ley llega apenas días después de que se filtrara la existencia de una reunión reservada en Mburuvicha Róga entre seis de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Santiago Peña y el titular de la ANR y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes.
Al encuentro asistieron el presidente de la Corte, César Diesel; la vicepresidenta primera, Carolina Llanes; el vicepresidente segundo y titular del JEM, César Garay; y los ministros Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón. No fueron invitados los ministros liberales Víctor Ríos y Manuel Ramírez Candia, y el ministro Gustavo Santander habría declinado participar a última hora.
La cita tuvo como ejes el escándalo de la mafia de los pagarés, el pedido de juicio político contra los nueve ministros y, de manera central, el proyecto que eliminaba la rotación de las superintendencias judiciales. Primero fue la reunión reservada, luego la aplanadora colorada asegurando la sanción en Diputados.
Los ministros llegaron a la residencia presidencial en vehículos oficiales y con extrema reserva, lo que lejos de despejar suspicacias alimentó la percepción de un pacto político cerrado entre el cartismo, el Ejecutivo y la cúpula judicial.
Vocería evasiva y críticas al equilibrio de poderes
Consultada por la prensa, la Vocería Presidencial evitó confirmar o desmentir la reunión. El director de Información Presidencial, Guillermo Grance, se limitó a señalar que no podía afirmar ni negar el encuentro, aunque reconoció que el presidente mantiene reuniones constantes con actores del Poder Judicial.
Desde la Corte, el ministro Víctor Ríos advirtió que, de confirmarse la reunión en esos términos, estarían ante una grave violación a la independencia del Poder Judicial y un golpe directo al equilibrio de poderes.
La exsenadora Kattya González calificó de criminal el comportamiento de los ministros que se habrían reunido en secreto con Cartes y Peña para hacer lobby en favor de una Corte cuestionada por su inacción frente a la mafia de los pagarés. Sostuvo que estos encuentros consolidan un modelo de subordinación del Poder Judicial al poder político.
Pese a la gravedad de las denuncias, ni los ministros señalados, ni Cartes, ni el presidente Peña salieron hasta ahora a dar explicaciones claras sobre lo ocurrido en Mburuvicha Róga.
La aplanadora oficialista en Diputados y un dictamen a la carta
La sesión de Diputados confirmó el alineamiento político. La mayoría cartista sancionó el proyecto de manera exprés, casi sin debate de fondo. Incluso ingresó sobre la hora un dictamen de comisión firmado por legisladores oficialistas, presentado ya con la decisión política tomada.
Durante el tratamiento, el diputado Raúl Benítez advirtió que con la eliminación de la rotación se reinstala el modelo de feudos judiciales y pidió un solo argumento a favor de la ciudadanía. La respuesta nunca llegó.
Desde el cartismo, Yamil Esgaib defendió la ley señalando que la rotación era inconstitucional y que ahora se devuelve la independencia a la Corte. La oposición retrucó que si fuese inconstitucional, la propia Corte la habría tumbado, algo que nunca ocurrió.
Retroceso gigantesco y fantasmas autoritarios
Raúl Benítez calificó la sanción como un retroceso gigantesco y acusó al oficialismo de blindar a una Corte cuestionada por su pasividad frente al esquema de estafas masivas de la mafia de los pagarés.
Johanna Ortega denunció que el país avanza hacia un copamiento institucional al estilo de Venezuela y Nicaragua, con concentración de poder, control del sistema judicial y debilitamiento de los contrapesos republicanos.
Rocío Vallejo recordó que la eliminación de los feudos judiciales fue un avance histórico en 2023 y que ahora el Congreso está dando varios pasos atrás, devolviendo a la Corte el control absoluto sobre sus territorios.
Incluso el diputado colorado Mauricio Espínola se desmarcó y anunció su voto en contra de los señores feudales, exigiendo explicaciones públicas sobre la reunión en Mburuvicha Róga.
La mafia de los pagarés como telón de fondo
En paralelo, Diputados sancionó una ley de emergencia para suspender embargos vinculados a la mafia de los pagarés, aunque las víctimas insisten en que el problema de fondo sigue intacto mientras la Corte no asuma responsabilidades.
Para organizaciones sociales, la secuencia es clara: presión política, blindaje judicial y restitución de poder territorial a los ministros como garantía de impunidad.
Qué viene ahora
Con la sanción consumada, el proyecto queda ahora en manos del presidente Santiago Peña, que puede promulgar o vetar la ley. En el ámbito político se descarta casi por completo la posibilidad de veto, dada la participación del propio mandatario en la reunión previa con los ministros.
De promulgarse, la norma entrará en vigencia antes de la próxima elección de autoridades de la Corte, prevista para febrero, permitiendo a los ministros volver a perpetuarse en sus jurisdicciones.
La batalla se traslada ahora al terreno de la opinión pública y de eventuales acciones de inconstitucionalidad. Pero el mensaje político ya quedó instalado: la Corte recupera sus feudos con el aval del cartismo y del Ejecutivo, en medio de una de las mayores crisis de credibilidad del sistema judicial.
