Opositores temen que cartismo salve a Chaqueñito de eventual pérdida de investidura
Mientras sectores de la oposición anuncian que impulsarán su destitución, crece la sospecha de que el oficialismo cartista podría cerrar filas para impedir cualquier intento de pérdida de investidura.
La controversia se desató tras conocerse que el legislador fue beneficiado con un departamento ubicado en el proyecto Residentas I, en la ciudad de Luque, dentro del programa Viviendas Económicas. El inmueble fue adjudicado mediante un contrato firmado en 2025 por un valor de alrededor de G. 370 millones, con un plan de pago financiado a 20 años.
El caso generó fuertes cuestionamientos debido a que este tipo de programas habitacionales están dirigidos a familias con ingresos limitados. Sin embargo, Vera percibe una dieta parlamentaria superior a los G. 37 millones mensuales, lo que para varios legisladores opositores lo ubica fuera del rango de beneficiarios previsto para ese tipo de proyectos sociales.
Las críticas escalaron aún más cuando se supo que el senador ni siquiera reside en el inmueble adjudicado. El propio Vera admitió que el departamento está siendo ocupado por su sobrino, situación que contraviene uno de los requisitos centrales del programa, que establece que el beneficiario debe habitar la vivienda.
El caso provocó reacciones inmediatas dentro del Congreso. La senadora Yolanda Paredes anunció que impulsará formalmente un pedido de pérdida de investidura contra Vera, argumentando que existen indicios de tráfico de influencias y un uso indebido de un programa social destinado a sectores vulnerables. La legisladora sostuvo que existen documentos oficiales y un contrato firmado que demostrarían que el parlamentario fue beneficiado irregularmente con una vivienda estatal.
Otros referentes de la oposición también cuestionaron el episodio. El diputado Raúl Benítez calificó la adjudicación como un posible caso de tráfico de influencias, mientras que el senador Rafael Filizzola insinuó que la vivienda podría haber sido utilizada como una forma de asegurar el voto político de Vera dentro del Congreso.
Desde el oficialismo, en cambio, se intentó bajar la tensión. El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, defendió la operación y aseguró que el legislador cumplió con los requisitos establecidos, insistiendo en que el sistema habitacional no excluye a ningún ciudadano si cumple con las condiciones formales del programa.
En medio de la polémica, el presidente Santiago Peña también reaccionó públicamente y afirmó que solicitará informes para esclarecer cómo se concretó la adjudicación del departamento. La declaración buscó tomar distancia del escándalo mientras el caso crecía en el debate público.
Sin embargo, dentro del Congreso el foco ya se desplazó hacia un escenario más político: la eventual pérdida de investidura. Varios sectores opositores sostienen que el episodio podría constituir una causal suficiente para remover al legislador por uso indebido de influencias y aprovechamiento de un programa social financiado con recursos públicos.
El problema para quienes impulsan la destitución es aritmético. Para concretar la pérdida de investidura se necesita una mayoría calificada en la Cámara Alta, lo que obliga a sumar votos fuera del bloque opositor. En ese contexto, dirigentes opositores temen que el cartismo utilice su peso político para bloquear cualquier intento de sanción contra el legislador.
El temor no es menor. En los últimos años el Senado ha mostrado dificultades para avanzar con procesos de destitución de legisladores incluso en medio de escándalos políticos y judiciales. Esa experiencia alimenta la sospecha de que el caso de Chaqueñito podría terminar diluyéndose en negociaciones internas y alineamientos partidarios.
Mientras tanto, la polémica continúa creciendo. El caso ya instaló un fuerte debate sobre el uso de programas sociales por parte de autoridades públicas y sobre los límites éticos que deberían regir para quienes ejercen cargos electivos.
Para los críticos del senador, el problema va más allá de un departamento en Luque. Se trata de la credibilidad de las políticas públicas destinadas a sectores vulnerables y de la señal que envía el Congreso cuando uno de sus miembros aparece beneficiado por un programa que, en teoría, está pensado para quienes más necesitan acceder a una vivienda digna.
