PolíticaPolémica por acceso a programa habitacional
En medio de la controversia por la adjudicación de un departamento a un senador en funciones dentro de un programa destinado a personas sin vivienda propia, el presidente Santiago Peña evitó fijar una postura crítica y aseguró que no conoce en detalle la situación del legislador Jorge Javier Vera Palacios.
El mandatario señaló que conversó con el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, sobre el funcionamiento del programa Che Róga Porã, aunque aclaró que no abordaron específicamente el caso del parlamentario.
"Hablaré con el ministro Juan Carlos Baruja acerca de la adjudicación de un departamento para el senador Javier Vera, que pasa justamente por los rangos de salario", expresó el jefe de Estado al ser consultado por la polémica.
Pese a la repercusión pública del caso, Peña afirmó que no revisó la situación particular del senador. "No conozco el caso, no hablé particularmente sobre ese caso con él", sostuvo.
El presidente explicó que el programa está dirigido a personas que no poseen vivienda propia y que se encuentran dentro de determinados rangos de ingresos medidos en salarios mínimos. Sin embargo, evitó responder si considera apropiado que un legislador nacional acceda a un beneficio de este tipo.
Peña también subrayó que el esquema del programa se basa en la participación de instituciones financieras privadas, que son las encargadas de evaluar las solicitudes y asumir el riesgo crediticio.
"El programa Che Róga Porã es un programa que finalmente atrae a las instituciones financieras. Ellos son los que asumen el riesgo", afirmó.
Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre la transparencia y los criterios de acceso al plan habitacional, luego de que trascendiera que un senador podría convertirse en beneficiario de un programa orientado, en principio, a sectores con dificultades para acceder a una vivienda.
La falta de una posición clara por parte del Ejecutivo alimentó las críticas sobre los mecanismos de control del programa y sobre la pertinencia de que autoridades electas puedan acceder a beneficios estatales concebidos para atender el déficit habitacional de la población.
