PolíticaYolanda Paredes
La legisladora sostuvo que existen elementos suficientes para avanzar con la sanción política más severa dentro del Senado, tras conocerse documentos vinculados a la adjudicación de un departamento del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
Paredes afirmó que en esta ocasión no se trata solo de cuestionamientos políticos o denuncias mediáticas, sino de una evidencia concreta que, según dijo, demostraría un posible tráfico de influencias. "Tiene tarjeta amarilla acumulada; ahora es roja y expulsión", expresó la parlamentaria al confirmar que promoverá el proceso contra su colega.
El caso tomó mayor dimensión luego de que se conociera que Vera fue beneficiado con una vivienda en el edificio Las Residentas I, ubicado en la ciudad de Luque, dentro del programa de Viviendas Económicas administrado por el MUVH. La adjudicación se formalizó mediante una resolución firmada por el ministro Juan Carlos Baruja.
La situación generó fuertes críticas desde distintos sectores políticos. El diputado Raúl Benítez cuestionó el procedimiento y sostuvo que la entrega del inmueble plantea serias sospechas sobre la utilización de influencias políticas. Según indicó, resulta difícil creer que el ministro no estuviera al tanto de que el beneficiario del programa era un senador en funciones.
El legislador recordó que el plan de Viviendas Económicas establece condiciones específicas para acceder a los departamentos, entre ellas un tope de ingresos familiares equivalente a siete salarios mínimos, además de priorizar a personas con necesidades habitacionales.
Para Benítez, el contexto en el que se produjo la adjudicación abre interrogantes sobre un posible intercambio político. Señaló que, en un país con alto déficit de vivienda, la asignación de un departamento a un parlamentario solo puede entenderse como resultado de un uso indebido de influencias.
El senador Rafael Filizzola también cuestionó el hecho y calificó la situación como inadmisible. Recordó que los programas habitacionales son financiados con recursos públicos y deben estar dirigidos a los sectores que realmente necesitan acceso a una vivienda, no a quienes ocupan cargos de poder.
Filizzola sostuvo que tanto el senador Vera como el ministro Baruja deberían responder por lo ocurrido, tanto en el ámbito penal como en el político, al considerar que el episodio compromete la credibilidad de las instituciones y del propio Senado.
Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones en el ámbito político y podría derivar en un nuevo proceso de pérdida de investidura en la Cámara Alta si prospera la iniciativa anunciada por la senadora Yolanda Paredes. La discusión vuelve a instalar el debate sobre el uso de recursos del Estado, los mecanismos de control dentro del Parlamento y los límites éticos del ejercicio de la función pública.
