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El ministro de Educación y presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Luis Ramírez, explicó que los controles forman parte de un proceso orientado a fortalecer la transparencia y la calidad del sistema educativo, especialmente en lo relacionado con la validación de credenciales académicas.
Según detalló, inicialmente fueron reportados alrededor de 550 casos sospechosos. Sin embargo, las primeras comprobaciones permitieron establecer que más de 250 documentos carecen de respaldo institucional. En algunos casos, las universidades aseguraron que nunca emitieron esos títulos; en otros, señalaron que las personas involucradas jamás cursaron las carreras que figuran en los certificados presentados.
Las irregularidades detectadas corresponden principalmente a títulos vinculados con Ciencias de la Educación expedidos supuestamente por universidades privadas. Hasta el momento, las autoridades indicaron que no se identificaron situaciones similares relacionadas con instituciones públicas dentro del grupo de denuncias analizadas.
Ramírez señaló además que algunos documentos fueron completamente falsificados, mientras que otros presentan inconsistencias en los registros académicos o carecen de elementos que permitan reconstruir la trayectoria educativa de los supuestos egresados.
El titular del MEC recordó que la cartera educativa no cuenta con atribuciones para intervenir directamente en las universidades debido al principio de autonomía universitaria. Por ello, una vez detectadas las posibles irregularidades, las denuncias son derivadas a la Fiscalía, instancia encargada de determinar responsabilidades penales.
A este escenario se suma una nueva denuncia que involucra aproximadamente 300 títulos adicionales sobre los cuales existen indicios de posibles anomalías, situación que podría ampliar considerablemente el alcance de las investigaciones en curso.
Paralelamente, el MEC desarrolla una auditoría interna sobre el sistema de registro de títulos, con el propósito de identificar eventuales falencias administrativas y establecer mecanismos más rigurosos de control.
Entre las medidas impulsadas por las autoridades educativas figura la implementación del Registro Único del Estudiante de la Educación Superior (RUE), una herramienta que permitirá seguir el recorrido académico de cada estudiante desde su ingreso hasta la expedición del título, facilitando así la verificación de autenticidad de los documentos emitidos.
El caso vuelve a instalar el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización en la educación superior paraguaya, en un contexto marcado por denuncias sobre la expedición y utilización irregular de títulos profesionales.
