PolíticaLavado de dinero y otras faltas
Un Tribunal de Apelación rechazó una nueva recusación y volvió a confirmar al juez de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, para tramitar la causa contra la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR), y otras 13 personas procesadas por administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal.
Al tiempo de rechazar la recusación presentada por el acusado Damían De Jesús Galarza Dárdano, los camaristas instaron al juzgado interviniente a que proceda a convocar a una audiencia a fin de analizar la eventual aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan por los recursos dilatorios planteados en el proceso.
En cuanto al rechazo de la recusación que pretendía apartar al juez Otazú, la resolución refiere que la misma carece de un respaldo jurídico suficiente, evidenciando que fue planteada al simple efecto de evitar una vez más la sustanciación de la audiencia preliminar, en la que se debe resolver si la causa se remite o no a juicio oral y público.
Los acusados, según el Ministerio Público, habrían conformado un esquema para desviar dinero de la Municipalidad cuando el actual diputado Esteban Samaniego (ANR) era intendente. Samaniego también fue imputado, pero debido a su fuero como parlamentario la investigación quedó parada.
En la acusación se explica cómo, entre los años 2017 y 2018, el legislador y su esposa Patricia Corvalán, mientras éste se desempeñaba como Intendente, obtuvieron beneficios económicos indebidos a costa del desvío de los recursos provenientes de la comuna por un valor total de Gs. 1.108.599.918.
Este dinero fue invertido en bienes raíces por el citado matrimonio específicamente en la edificación y construcción de su vivienda familiar propia de dos plantas, de 306 mt2, ubicada sobre las calles Padre Juan María Casanello y Pampa Grande del Barrio San Vicente de la ciudad de Asunción, dentro del inmueble de propiedad de la progenitora del diputado, suegra de la Intendenta Municipal y conviviente, la Sra. Blanca Álvarez Vda. de Samaniego.
Asimismo, se menciona que el ex intendente pagó directamente de fondos municipales a sus familiares y a su guardaespaldas a través de la efectivización de cheques que le redituaron en provechos económicos indebidos por Gs 338.595.000.
