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Apenas conformado el equipo de trabajo, varias senadoras reclamaron que las primeras diligencias apunten directamente hacia la Universidad Sudamericana, institución que aparece reiteradamente vinculada a algunos de los casos más emblemáticos que sacudieron recientemente al ámbito político y educativo del país.
Las senadoras Esperanza Martínez, Celeste Amarilla, Yolanda Paredes y Blanca Ovelar coincidieron en advertir que la credibilidad de la comisión dependerá de su disposición para abordar desde el inicio los expedientes más sensibles y evitar investigaciones superficiales que puedan derivar en un simple espectáculo político sin resultados concretos.
Durante la reunión, Esperanza Martínez sostuvo que existen suficientes elementos para que la Universidad Sudamericana sea uno de los primeros focos de análisis. Mencionó que la institución registró la emisión de miles de títulos en un corto periodo de tiempo, especialmente en carreras como Derecho, situación que, a su criterio, amerita una revisión exhaustiva de los procesos académicos y administrativos aplicados por la casa de estudios.
La legisladora señaló además la necesidad de coordinar acciones con organismos responsables de la evaluación y acreditación universitaria, así como recopilar denuncias de estudiantes que aseguran haber concluido sus carreras sin obtener posteriormente la documentación correspondiente que certifique sus estudios.
En la misma línea, Celeste Amarilla manifestó que la comisión debe concentrar sus esfuerzos en las universidades sobre las cuales pesan mayores sospechas y denuncias públicas. Afirmó que no tendría sentido desviar la atención hacia casos secundarios mientras persisten interrogantes sobre instituciones que ya fueron señaladas en investigaciones anteriores.
Por su parte, Yolanda Paredes fue aún más categórica al advertir que la ciudadanía perderá rápidamente la confianza en el trabajo del organismo si no se investiga desde el comienzo a la Universidad Sudamericana. Consideró indispensable habilitar mecanismos de participación ciudadana que permitan a estudiantes, docentes y cualquier persona con información relevante presentar denuncias y aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.
La senadora también planteó la necesidad de revisar las normas relacionadas con la conservación de archivos académicos, ante versiones sobre dificultades para acceder a documentos universitarios de años anteriores durante procesos de investigación.
Blanca Ovelar, en tanto, alertó sobre la complejidad de la estructura que podría estar detrás de la comercialización o expedición irregular de títulos. Según expresó, durante años recibió reportes sobre presuntas irregularidades en determinadas instituciones privadas y considera que el problema supera ampliamente la falsificación documental, afectando directamente la calidad educativa y el prestigio profesional del país.
La legisladora sostuvo que el impacto del escándalo alcanza a miles de egresados que obtuvieron legítimamente sus títulos y cuya formación podría verse injustamente cuestionada a raíz de las actuaciones de quienes habrían utilizado mecanismos fraudulentos para acceder a certificaciones académicas.
Incluso advirtió que entre los posibles responsables podrían existir personas con importantes cuotas de poder e influencia, por lo que insistió en la necesidad de que la investigación avance sin condicionamientos ni privilegios.
Desde la presidencia de la comisión, Patrick Kemper aseguró que el trabajo se desarrollará con seriedad y responsabilidad institucional. El senador afirmó que se implementarán canales para recibir información y denuncias provenientes de la ciudadanía, al tiempo de destacar que este tipo de prácticas ocasiona un profundo daño a la imagen del país y a la confianza en sus instituciones educativas.
No obstante, las legisladoras mantuvieron sus cuestionamientos y reiteraron que la verdadera prueba para el nuevo órgano será demostrar, con acciones concretas, que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, incluso cuando ello implique investigar casos que involucren a personas políticamente influyentes.
La Universidad Sudamericana ocupa un lugar central dentro del debate debido a que de esa institución provino el cuestionado título de abogado del exsenador Hernán David Rivas, caso que derivó en una causa penal y que finalmente precipitó su salida del Congreso Nacional en medio de una intensa presión pública.
Por esa razón, tanto sectores de la oposición como referentes de la disidencia colorada sostienen que el rumbo inicial que adopte la comisión permitirá determinar si realmente existe voluntad política para desmantelar el esquema denunciado o si el proceso terminará diluyéndose sin responsabilidades ni sanciones.
