Máquinas de votación y papeletas, una controversia que aún sigue marcando el año 2025
En 2025, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) impulsó la compra de 28.000 máquinas de votación, con un presupuesto aproximado de USD 92 millones, con el objetivo de modernizar el sistema y garantizar la disponibilidad de los equipos para futuras elecciones. Sin embargo, la licitación encontró objeciones de oferentes y denuncias de posible direccionamiento, lo que derivó en la suspensión del proceso.
Tras semanas de tensión, el TSJE no pasó voluntariamente al sistema de alquiler, sino que lo hizo presionado por sectores de la clase política, principalmente desde el Congreso, donde referentes oficialistas y aliados coincidieron en que la compra millonaria debía frenarse.
Legisladores advirtieron que insistir con la licitación afectaría la credibilidad de la institución y pusieron sobre la mesa la necesidad de un mecanismo más "rápido" para cumplir con los plazos electorales. Ante esa presión, el TSJE terminó cambiando de estrategia.
Finalmente, se abrió un proceso para alquilar 18.000 máquinas con un presupuesto cercano a USD 30 millones.
Este llamado también recibió reclamos de irregularidades por parte de oferentes, y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) llegó a suspender temporalmente el procedimiento. No obstante, el TSJE aseguró que los plazos se mantenían y que se aplicaría controles adicionales para garantizar la seguridad y confiabilidad del voto electrónico.
En paralelo, la oposición parlamentaria abrió el debate de eliminar las máquinas de votación electrónica y volver al uso exclusivo de papeletas.
Los legisladores sostienen que la tecnología aún no genera confianza plena entre la ciudadanía y que los procesos de contratación han estado marcados por irregularidades que favorecen a ciertos proveedores. Por su parte, voceros del TSJE defienden el sistema electrónico como un avance en transparencia y rapidez de resultados.
El 2025 quedará registrado como un año en que la modernización electoral y las discusiones sobre confiabilidad del voto marcaron la agenda política, con la ciudadanía observando de cerca cómo se resolvía la tensión entre innovación tecnológica y garantías de transparencia.
Adjudican alquiler y crece la polémica
En el cierre del año, el TSJE adjudicó el contrato para el alquiler de 18.000 máquinas de votación al Consorcio Comitia-MSA, por un monto aproximado de USD 35 millones. La adjudicación se concretó en un proceso en el que solo un oferente presentó propuesta válida, lo que generó nuevas críticas sobre la falta de competencia y transparencia.
Legisladores opositores cuestionaron que un procedimiento de esta magnitud haya sido definido sin competencia real y recordaron que la firma adjudicada había quedado fuera de la licitación previa para la compra de máquinas nuevas, lo que reavivó las sospechas de direccionamiento.
Desde el oficialismo defendieron el procedimiento y aseguraron que es totalmente auditable, mientras que el TSJE reiteró que se actuó conforme a la normativa vigente y que la urgencia del calendario electoral obligó a avanzar con la provisión de los equipos atendiendo que el próximo año se prevé las elecciones internas y municipales.
