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El vicepresidente del organismo, Jorge Bogarín González, negó que se hayan relajado las exigencias técnicas respecto al proceso anterior y aseguró que, por el contrario, se incorporaron más mecanismos de seguridad que los previstos cuando se intentó comprar los equipos.
El TSJE había suspendido meses atrás el proyecto de adquisición de nuevas máquinas después de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas frenara el proceso por supuestas irregularidades. Esa situación llevó al Tribunal a optar por un llamado por vía de excepción para alquilar los equipos, en el que finalmente quedó un solo oferente: el consorcio Comitia-MSA, integrado por empresarios con vínculos comerciales previos con el presidente Santiago Peña, lo que reavivó cuestionamientos de opositores y de empresas interesadas inicialmente.
Bogarín sostuvo que la publicación que afirma una reducción en los requisitos de seguridad contiene imprecisiones y que los ministros solicitaron un informe detallado "punto por punto" a los técnicos del TSJE para rebatir cada señalamiento. Señaló además que se incorporó una auditoría internacional, prevista para febrero, con participación de todos los partidos con representación parlamentaria, como parte de los controles previos a la eventual adjudicación.
Consultado sobre el hecho de que las máquinas del consorcio Comitia-MSA habían sido descalificadas en el intento fallido de compra, Bogarín afirmó que las observaciones técnicas podrían haber sido corregidas y que los equipos ofertados ahora no necesariamente son los mismos del proceso anterior. Aclaró que la Justicia Electoral recibirá un informe actualizado en los próximos días para verificar las características del equipamiento.
La controversia también arrastra los cuestionamientos sobre las boletas con chip utilizadas en las elecciones de 2023, señaladas por el senador Éver Villalba como vulnerables a modificaciones mediante aplicaciones comunes de celular. La senadora Celeste Amarilla planteó incluso retornar al sistema de papeletas. Bogarín respondió que el TSJE debe ajustarse a la ley vigente, que establece el voto electrónico y las listas abiertas, pero admitió que volver al papel sería considerado un retroceso por los ministros, aunque acatarían cualquier cambio legal aprobado por el Congreso.
Mientras tanto, el proceso licitatorio continúa con las pruebas técnicas y el análisis documental previstos en el cronograma, en medio de la presión política y las dudas sobre la transparencia del único oferente habilitado.
