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La convocatoria fue formalizada este lunes mediante una resolución firmada por el presidente del Congreso, Basilio Núñez. El proceso de postulación se desarrollará entre el 15 y el 30 de junio, plazo durante el cual los aspirantes deberán presentar la documentación exigida por la normativa vigente.
Los expedientes podrán ser entregados de manera presencial en la Secretaría General del Senado o remitidos a través del correo institucional habilitado para el efecto. Entre los requisitos figuran la presentación de documentos de identidad autenticados, antecedentes policiales, currículum vitae y títulos universitarios debidamente legalizados.
La legislación establece que los candidatos deben ser paraguayos naturales, tener al menos 30 años de edad y contar con formación universitaria en áreas vinculadas al Derecho, las Ciencias Económicas, Administrativas o Contables.
Una vez concluida la etapa de recepción de postulaciones, la nómina de aspirantes será remitida a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que tendrá a su cargo las audiencias públicas y la evaluación de los antecedentes de cada candidato. Posteriormente, la Cámara de Senadores deberá conformar una terna que será enviada a Diputados para la elección definitiva de las nuevas autoridades del organismo de control.
El proceso cobra especial relevancia debido a que los mandatos de los actuales titulares concluyen el próximo 1 de noviembre. En ese contexto, el actual subcontralor, Augusto Paiva, ya manifestó públicamente su intención de buscar la continuidad en funciones y no se descarta que incluso aspire al cargo principal.
Otro de los nombres que aparece en el escenario es el del actual contralor, Camilo Benítez, quien podría intentar una nueva reelección. Benítez llegó al cargo en 2019 tras la salida anticipada de Enrique García y posteriormente fue confirmado para un nuevo periodo con amplio respaldo parlamentario.
La renovación de las máximas autoridades de la Contraloría se produce en un momento en que el organismo mantiene un papel clave en la fiscalización de instituciones públicas, municipalidades y administraciones estatales, por lo que la definición de sus próximos responsables volverá a instalar una intensa negociación política dentro del Congreso.
