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La exlegisladora había sostenido que durante el proceso que concluyó con su salida del Senado no se respetaron requisitos reglamentarios ni la mayoría calificada que, según su interpretación, debía aplicarse para ese tipo de decisiones. Su planteamiento se apoyaba principalmente en disposiciones contenidas en una resolución aprobada años atrás por la Cámara Alta.
Sin embargo, la mayoría de los ministros del máximo tribunal concluyó que dicha normativa no podía ser utilizada como fundamento para invalidar el procedimiento cuestionado. Los magistrados señalaron que la resolución invocada no tenía vigencia en las condiciones alegadas por la accionante al momento en que se produjo el juzgamiento político que derivó en su destitución.
En su análisis, la Corte examinó además el alcance de las reglas constitucionales y los antecedentes jurídicos relacionados con la pérdida de investidura parlamentaria. A partir de esa interpretación, los integrantes de la mayoría entendieron que no correspondía exigir la mayoría agravada reclamada por González para la adopción de la medida.
Con esta decisión, el máximo órgano judicial deja firme la determinación adoptada por la Cámara de Senadores y pone fin a uno de los principales frentes judiciales impulsados por la exparlamentaria en busca de recuperar su escaño. El fallo representa un respaldo a la actuación del Senado en aquel proceso y clausura, al menos en esta instancia, la disputa sobre la legalidad de su expulsión.
