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Además, advirtió que una resolución desfavorable por parte de la Corte Suprema de Justicia podría estar influenciada por presiones políticas.
Las declaraciones se producen en momentos en que el máximo tribunal se encuentra próximo a resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por González contra su expulsión de la Cámara Alta, una decisión que sigue generando debate dentro y fuera del Congreso.
Samaniego sostuvo que la exsenadora llegó al Parlamento respaldada por una importante cantidad de votos ciudadanos y consideró que el proceso que terminó con su salida no respetó garantías fundamentales. Según afirmó, el procedimiento aplicado fue excesivo y no guardó relación con las sanciones previstas en la normativa legislativa.
A criterio de la parlamentaria, el caso debió resolverse mediante una suspensión temporal y no con la expulsión definitiva de la entonces senadora. En ese sentido, insistió en que existían mecanismos disciplinarios menos severos que podían haberse aplicado.
La legisladora también se refirió a las especulaciones sobre el sentido del fallo que podría emitir la Corte Suprema y aseguró que, si la decisión resulta contraria a González, ello respondería a una estructura de poder que ejerce influencia sobre distintas instituciones públicas.
Sin mencionar directamente el proceso judicial en curso, Samaniego apuntó contra el liderazgo político de Horacio Cartes, a quien atribuyó una fuerte incidencia en organismos del Estado. La senadora sostuvo que existe una concentración de poder que alcanza a diferentes espacios institucionales, incluyendo organismos de control y el sistema de justicia.
Asimismo, adelantó que acompañará una eventual reincorporación de González al Senado si se concretan las condiciones políticas y parlamentarias necesarias para ello. Señaló que votará a favor de su retorno en caso de que la situación llegue nuevamente al pleno de la Cámara Alta.
Las expresiones de Samaniego contrastan con la postura defendida por el presidente del Congreso, Basilio Núñez, quien en los últimos días ratificó la legalidad de la pérdida de investidura y rechazó cualquier acusación de interferencia política sobre la Corte Suprema.
Mientras se aguarda la resolución judicial, el caso Kattya González continúa generando divisiones dentro del escenario político nacional. La decisión de la Corte no solo tendrá consecuencias para la exsenadora, sino que también podría abrir un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la mayoría parlamentaria, la independencia de los poderes del Estado y las garantías del debido proceso dentro del Congreso.
