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La licitación para arrendar 18.000 máquinas de votación electrónica de cara a las elecciones municipales de 2026 quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que solo un consorcio, Comitia-MSA, se presentara a competir por el contrato. Aunque aún no existe adjudicación, el hecho de que haya un único oferente en un negocio que supera los 34 millones de dólares generó sospechas de direccionamiento, tensiones en los órganos de control y un creciente debate público sobre la transparencia del proceso y el futuro del voto electrónico.
Un proceso millonario bajo presión y desconfianza
El Tribunal Superior de Justicia Electoral impulsó un llamado por excepción para el arrendamiento de 18.000 máquinas de votación electrónica, identificada como ID 476.307. La contratación incluye software, soporte técnico, logística y todos los servicios operativos necesarios para las internas partidarias y las municipales de 2026. El costo estimado supera los 34 millones de dólares, provenientes del presupuesto público.
El TSJE argumentó que la urgencia del cronograma electoral obligaba a adoptar esta modalidad, luego de haber cancelado meses atrás una licitación internacional para la compra de máquinas nuevas. Sin embargo, esa urgencia se convirtió en el detonante de múltiples sospechas. El pliego recibió más de un centenar de protestas de empresas interesadas, que denunciaron supuestos requisitos restrictivos, indicios de direccionamiento y condiciones que favorecían a un proveedor específico.
La escena se tensó aún más cuando, al momento de la apertura de sobres, el TSJE confirmó que solo un consorcio se presentó a competir por el contrato.
De la compra frustrada al apuro por alquilar máquinas
En agosto, el TSJE decidió cancelar la licitación internacional que buscaba adquirir 28.000 máquinas de votación. Ese proceso había generado discusiones por sus costos, los criterios técnicos y la metodología planteada. La cancelación obligó al organismo electoral a buscar una salida rápida para no comprometer el calendario de las internas y las municipales de 2026.
La solución adoptada fue un llamado por excepción. Según la institución, la alternativa del arrendamiento permitiría disponer de las máquinas y sus servicios asociados dentro de los plazos electorales. El pliego incluyó la obligación de contar con equipos ya disponibles en el país para iniciar pruebas, simulacros y capacitaciones.
Sin embargo, varias empresas señalaron que esa misma exigencia hacía inviable competir en igualdad de condiciones, convirtiéndose en uno de los puntos más cuestionados del proceso.
Sumario, protestas y una licitación bajo intensa vigilancia
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas abrió un sumario para investigar el proceso, luego de recibir denuncias por presunto direccionamiento y por la posible inadecuación de la modalidad por excepción. La DNCP también ordenó la suspensión temporal de la licitación cuando los reclamos superaron el centenar, muchos de ellos advirtiendo que el pliego beneficiaba únicamente a un posible oferente.
Entre las protestas más repetidas se destacó la obligación de que el futuro proveedor ya dispusiera en Paraguay de 3.600 máquinas (equivalentes al 20% del total requerido). Empresas potencialmente interesadas señalaron que ese requisito desalentaba la competencia y dejaba en desventaja a quienes necesitaran importar equipos. A pesar de estos cuestionamientos, el TSJE defendió el criterio alegando necesidad operativa y de cumplimiento de plazos.
La suspensión inicial no frenó del todo el proceso, y luego de ajustes y verificaciones se procedió a la apertura de sobres, donde se confirmó que solo una oferta había llegado a esta etapa.
Un solo oferente, vínculos señalados y denuncias políticas
Comitia-MSA fue la única firma que presentó oferta. El monto ofertado rondó los 35 millones de dólares. La presencia de un único concursante alimentó la crítica opositora y abrió un debate nacional sobre la posible falta de transparencia del proceso.
Sectores políticos y actores sociales cuestionaron la aparición de intermediarios en un contrato tan sensible como el del voto, y recordaron que el consorcio no es fabricante de máquinas sino un operador intermediario. También surgieron señalamientos que relacionaban a integrantes del consorcio con exsocios comerciales del presidente Santiago Peña, lo que elevó todavía más el nivel de suspicacia.
El TSJE negó de forma tajante cualquier direccionamiento y sostuvo que la ausencia de otros competidores responde a disputas corporativas entre proveedores del rubro y no a un diseño intencional del pliego.
El TSJE rinde cuentas ante Diputados
En medio de la tensión pública, las comisiones de Asuntos Electorales y de Modernización del Estado de la Cámara de Diputados convocaron a los ministros del TSJE para evaluar la licitación y sus implicancias. En esa reunión, desarrollada el lunes 24 de noviembre, la autoridad electoral reiteró que el proceso cumple con las normativas vigentes y que la institución necesita avanzar para no comprometer el calendario electoral del próximo año.
Los legisladores, sin embargo, insistieron en conocer detalles sobre los criterios técnicos, las denuncias recibidas, los vínculos empresariales mencionados en medios y los pasos futuros del proceso. La falta de adjudicación definitiva mantiene el escenario abierto y la polémica activa.
