PolíticaTitular de Diputados
Durante sus declaraciones, Latorre señaló que la acumulación de compromisos impagos con empresas privadas llegó a un punto crítico y que la situación ya genera efectos negativos en la economía. Indicó que el Estado mantiene obligaciones que superarían los 900 millones de dólares con empresas vinculadas al sector de la construcción, además de montos significativos pendientes con la industria farmacéutica y otros rubros del empresariado.
El titular de la Cámara Baja alertó que este escenario está asfixiando a varias empresas que dependen del cumplimiento de esos pagos para sostener sus operaciones. Recordó que muchas de estas compañías realizaron inversiones, compraron insumos y cumplieron con contratos firmados con el Estado, pero hasta ahora no han recibido el pago correspondiente.
A criterio de Latorre, Paraguay debe revisar sus prioridades económicas, ya que —según sostuvo— resulta contradictorio destacar avances en indicadores macroeconómicos mientras varios sectores productivos enfrentan dificultades por la falta de pago de servicios ya prestados.
El legislador aclaró que es un convencido de la importancia del grado de inversión y de mantener un clima favorable para los negocios, pero advirtió que ese reconocimiento pierde valor si el propio Estado no cumple con sus compromisos financieros.
En ese contexto, también dejó en claro su postura ante la posibilidad de recurrir a aumentos impositivos como salida a la situación fiscal. Latorre manifestó que no acompañará ninguna iniciativa que implique trasladar el costo de la crisis a los ciudadanos.
Sostuvo que elevar los impuestos para cubrir estas obligaciones significaría cargar nuevamente el peso sobre las familias paraguayas, algo que —según afirmó— no permitirá que se impulse desde la Cámara de Diputados.
Finalmente, insistió en que el Gobierno debe sentarse a analizar una solución concreta para saldar estas deudas con el sector privado. Subrayó que no se trata de compromisos futuros ni de promesas, sino de servicios ya prestados y de productos que las empresas adquirieron para cumplir con los contratos firmados con el Estado.
Latorre concluyó que el desafío consiste en encontrar un mecanismo que permita honrar esas obligaciones sin afectar a la ciudadanía y sin poner en riesgo la estabilidad de sectores empresariales que generan empleo y mantienen en movimiento la economía.
