En estos días el Congreso tratará la aprobación del redireccionamiento de USD 25.000.000 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC) al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), tras un acuerdo entre organizaciones campesinas y autoridades nacionales. Esto tras las manifestaciones de campesinos quienes reclamaban la condonación de sus deudas como punto central y otros pedidos como asistencia productiva y transferencias directas de recursos.
Como es de esperarse, voces a favor y en contra comenzaron a sonar. Un dato concreto fue propuesto por un legislador indicando que en los últimos 15 años se han destinado USD 1.200 millones desde el MAG a organización campesinas. Este es un número muy llamativo y gracias a los datos abiertos del gasto público es posible verificarlo.
Para tranquilidad de todos, al verificar los datos se encuentra que dicho número corresponde al movimiento del rubro 800[1] (transferencias) del MAG en los últimos 15 años. Ahora, este rubro no necesariamente es exclusivamente transferencias a sectores productivos, también incluye movimientos de traspaso de recursos entre organismos del estado, apoyo a escuelas, becas, capital a organismos internacionales y otros. De hecho, gran parte de estos recursos fueron destinados a transferencias de entes descentralizados (rubros 811 y 861).
De igual manera, una importante cantidad de dinero fue a organizaciones civiles y privadas. Así pues, entre los años 2010 y 2012 se realizaron transferencias destinadas a inversión o gastos de capital por el rubro 874 (aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro) cerca de USD 110 millones, las transferencias continuaron hasta el 2016 alcanzando un total de USD 158 millones. Un total de USD 24 millones fueron transferidos desde el año 2005 a un rubro similar, en este caso el 842 (aportes entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro, pero destinadas a gastos corrientes). Por otra parte, las transferencias a productores, organizaciones o comisiones indígenas (rubro 873) fueron de USD 82 millones entre los años 2015 y 2019.
Independientemente de que estos montos parezcan poco a algunos y mucho para otros, estoy seguro de que coincidimos en varias preguntas, tales como: ¿Quiénes fueron los beneficiarios? ¿Qué inversiones realizaron? ¿Cuáles fueron los resultados?
Particularmente, no me opongo a destinar recursos públicos a organizaciones campesinas, más aun entiendo el contexto al cual se enfrentan, una pandemia que ha afectado a varios sectores y ellos no han sido la excepción, enormes brechas de productividad con relación a los denominados rubros agrícolas de renta, pobreza rural que tiende a ser más estructural que la urbana. Para superar estas y otras barreras se necesitan recursos, pero esta es solo una condición necesaria la misma no será suficiente sino la utilizamos correctamente.
Para saber si los recursos son correctamente utilizados, necesitamos conocer el diagnostico y su plan, la evaluación del programa en sus distintas fases y los esquemas de graduación de los beneficiarios. Es fundamental que tengamos transparencia en estos temas, después de todo se trata de dinero público. Si no somos efectivos y apuntamos a una agricultura familiar campesina productiva, capaz de conectarse a mercados no solo tendremos marchas campesinas de manera recurrente, también se sumarán a estas las protestas y marchas de los contribuyentes.
[1] Es el rubro 800 es un objeto de gasto de clasificador del Presupuesto General de Gastos de la Nación y hace referencia a las transferencias que realiza un ente estatal.
(*) Investigación para el Desarrollo
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