La Fiscalía distingue dos grupos: docentes que compraron títulos y otros que fueron engañados
La investigación del Ministerio Público sobre el esquema de títulos falsos comenzó a delimitar dos perfiles claramente diferenciados entre las personas involucradas: quienes habrían adquirido documentos apócrifos de manera consciente y quienes aseguran haber sido víctimas de un fraude tras completar toda su formación académica en instituciones que consideraban legales.
Así lo explicó la agente fiscal a cargo de la causa, quien señaló que el análisis del caso permitió identificar un grupo de personas que compró títulos y certificados de estudios falsificados, y otro conformado por estudiantes que asistieron regularmente a clases durante aproximadamente cuatro años en institutos superiores, principalmente del interior del país.
Según la representante del Ministerio Público, estos últimos pagaron sus matrículas y cuotas, presentaron y abonaron sus tesis e, incluso, realizaron un pago adicional para que los directivos de los institutos gestionaran la inscripción y el registro de sus títulos ante el MEC.
Al concluir la carrera, recibieron títulos con el membrete de la Universidad Autónoma de Asunción y certificados de estudios que, según les informaron, eran válidos porque existía un convenio entre esa universidad y los institutos donde cursaron. "Estas personas actuaron en la creencia de que efectivamente habían realizado una carrera en un instituto habilitado por el MEC y que su título era auténtico", sostuvo la fiscal.
Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es que esos documentos fueron posteriormente registrados por el Ministerio de Educación y Ciencias, lo que les otorgó apariencia de legalidad. Como consecuencia, muchos de sus titulares obtuvieron la matrícula docente y pudieron ejercer la profesión.
La fiscal señaló que el registro oficial constituye una de las principales líneas de investigación, ya que el MEC cuenta con procedimientos específicos y resoluciones vigentes desde hace décadas para la inscripción y validación de títulos académicos.
En ese contexto, el Ministerio Público también investiga la eventual participación de funcionarios de la cartera educativa que contaban con atribuciones para registrar títulos y certificados de estudios. La hipótesis es que esos documentos habrían sido incorporados al sistema oficial en contravención de la normativa y de los controles administrativos establecidos.
"La investigación va más allá de lo netamente jurídico", afirmó la fiscal al referirse a la situación de quienes habrían actuado de buena fe y confiaron en la legalidad de las instituciones donde estudiaron.
La causa es considerada una de las más complejas que enfrenta actualmente el Ministerio Público por la cantidad de personas involucradas y por la posibilidad de que existan responsabilidades tanto en institutos de formación docente como dentro de la propia estructura estatal.
Para avanzar en las pesquisas, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, conformó un equipo especial integrado por varios agentes fiscales, bajo la coordinación del fiscal adjunto Augusto Salas. El objetivo es determinar el alcance de la presunta red, identificar a los responsables de la expedición y registro de títulos irregulares y esclarecer la situación de quienes, según la hipótesis de la Fiscalía, fueron engañados tras completar íntegramente su formación académica.