JEM, con mayoría cartista, investigará a fiscales y jueces del caso Rivas
Durante una sesión reciente, autoridades del órgano disciplinario coincidieron en la necesidad de examinar lo ocurrido en el expediente, fijando como fecha el próximo 7 de mayo para definir si corresponde iniciar de oficio una investigación preliminar o incluso un enjuiciamiento formal contra los involucrados.
El vicepresidente del Jurado, el ministro César Garay, sostuvo que el caso generó una fuerte repercusión pública, alimentada tanto por publicaciones periodísticas como por el debate ciudadano en distintos espacios. Según indicó, la resolución judicial que benefició al legislador provocó cuestionamientos generalizados, lo que obliga a revisar si las actuaciones se ajustaron a derecho.
En ese sentido, planteó que el análisis deberá enfocarse en dos ejes principales. Por un lado, determinar responsabilidades en torno a la prescripción de la causa, es decir, establecer si existieron demoras injustificadas o negligencias que permitieron que el proceso llegara a ese desenlace. Por otro, evaluar la legalidad del fallo dictado por el tribunal de apelación que resolvió el sobreseimiento definitivo.
El expediente fue cerrado por decisión de los camaristas Delio Vera, actualmente jubilado, y Bibiana Benítez Faría, quienes conformaron la mayoría que benefició al senador.
A su turno, el ministro Manuel Ramírez acompañó la postura de investigar, remarcando que también corresponde revisar la conducta de fiscales y jueces que participaron en el proceso, especialmente en lo relativo a posibles dilaciones o actuaciones deficientes. Asimismo, insistió en que el contenido de la resolución judicial debe ser examinado en detalle para determinar si se ajusta a las normas vigentes.
El Jurado tomó en consideración distintas publicaciones periodísticas que cuestionaron el desarrollo del caso y señalaron presuntas irregularidades en el manejo de la causa, incluyendo versiones que apuntan a una imputación tardía por parte del Ministerio Público y a una reconstrucción del proceso que habría favorecido la prescripción.
Con el plazo establecido, el órgano deberá decidir si existen elementos suficientes para avanzar con un proceso disciplinario que podría derivar en sanciones contra fiscales y magistrados, en un caso que continúa generando controversia y que volvió a poner en el centro del debate el funcionamiento del sistema de justicia.
