PolíticaInvestigación por supuesto titulo falso
Benítez manifestó su intención de promover la denuncia contra los jueces que sobreseyeron a Rivas en la causa vinculada al presunto uso de título falso. Según el legislador, la decisión judicial genera preocupación y podría afectar la credibilidad del sistema de justicia, por lo que consideró necesario analizar responsabilidades.
El planteamiento surge tras la resolución del Tribunal de Apelación que dispuso el sobreseimiento definitivo del parlamentario, decisión ampliamente cuestionada por distintos sectores. El fallo benefició a Rivas en la investigación por presunta producción y uso de documentos públicos de contenido falso, alegando cuestiones procesales vinculadas a la prescripción y a la imposibilidad de continuar con la causa.
Benítez sostuvo que el pronunciamiento judicial podría sentar un precedente negativo, ya que, a su criterio, debilita los controles sobre la validez de títulos académicos y la responsabilidad de quienes ejercen cargos públicos. Señaló que la Cámara de Diputados debería analizar medidas institucionales y acompañar una eventual denuncia contra los magistrados involucrados.
El legislador también cuestionó que el sobreseimiento se haya otorgado sin esclarecer plenamente las dudas sobre la titulación del senador. En ese contexto, insistió en que la decisión judicial transmite un mensaje equivocado a la ciudadanía y podría incentivar la impunidad en casos similares, por lo que consideró necesario que el Ministerio Público revise el procedimiento.
Asimismo, Benítez afirmó que la Fiscalía debería evaluar los fundamentos del fallo y, de corresponder, impulsar acciones legales para revisar la actuación de los jueces. Según su postura, las instituciones deben garantizar transparencia y evitar que resoluciones controvertidas debiliten la confianza pública.
El caso de Rivas generó múltiples reacciones políticas y jurídicas, incluyendo denuncias presentadas por abogados del denunciante, quienes cuestionaron la interpretación del tribunal y sostuvieron que los magistrados habrían forzado la normativa para favorecer al legislador. Estas acciones refuerzan el debate sobre la legalidad del sobreseimiento y la eventual responsabilidad de los jueces que intervinieron en la causa.
