Investigan millonario llamado del MOPC por presunto conflicto de interés entre yerno y suegro
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dispuso la apertura de una investigación de oficio sobre la millonaria adjudicación para la fiscalización de obras de alcantarillado sanitario Impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por presunto conflicto de interés entre el yerno administrador de un contrato y su suegro, representante de la firma adjudicada para fiscalizar obras.
El MOPC adjudicó la“construcción del sistema de alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales y mejoramiento del sistema de agua potable para las ciudades de Santa Rita, Santa Rosa del Aguaray, Carapeguá y San Ignacio Guazú”. La inversión es de G. 358.937 millones, alrededor de USD 45 millones.
De acuerdo con el portal de la DNCP, las empresas adjudicadas para las obras fueron: Sociedad Constructora Chaco SA, por G. 75.049 millones; Construcciones y Viviendas Paraguayas SA, por G. 82.459 millones; el Consorcio Rovella TOCSA, por G. 114.423 millones; y Consorcio Sanitario Carapeguá por G. 87.004 millones.
Estos proyectos, según la resolución del MOPC N.º 2111/2024 del 22 de noviembre de 2024, están a cargo de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (Dapsan), dependiente de la cartera estatal. Se realizan en el marco de un programa de Saneamiento de ciudades intermedias, que cuenta con el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
En la misma resolución N.º 2111/2024, por la cual se adjudicaron los trabajos, el MOPC designó, por sugerencia de la Dapsan, como administrador del contrato a Abelardo Manuel Martínez Ledesma. Este último es funcionario del MOPC asignado a la dependencia de la cartera de Obras Públicas. Su salario mensual es de G. 14 millones.
La fiscalización de estas obras
Al construirse estos alcantarillados, el MOPC lanzó otra licitación y tiene que ver con la fiscalización de esos trabajos. El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) estableció en forma específica que se trataban de las obras de Santa Rita, Santa Rosa del Aguaray, Carapeguá y San Ignacio Guazú.
El 23 de diciembre de 2024, la cartera de Obras Públicas adjudicó esa tarea al Consorcio ELC CYD, integrado por Electroconsult del Paraguay SA y Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Limitada. Esta última es una empresa chilena. El monto del contrato es de G. 19.099 millones, alrededor de USD 2,4 millones, según la resolución N.º 2427/2024.
El punto guarda relación que, al verificar a los representantes del grupo empresarial, salta el nombre de Carlos Victorino Rolandi Masi, como responsable de Electroconsult del Paraguay SA. Rolandi Masi es suegro de Abelardo Martínez Ledesma, administrador del contrato de la obra, por lo que se abre esta investigación tras una denuncia que se presentó ante la DNCP