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Centurión desafía al oficialismo con dura propuesta contra la corrupción mientras crece la impunidad
En medio de una creciente sensación de impunidad en el país, reforzada recientemente por la libertad ambulatoria otorgada al exgobernador cartista de Central, Hugo Javier González —quien fue condenado por el desvío de más de 5.100 millones de guaraníes en plena pandemia—, el diputado colorado disidente Daniel Centurión vuelve a la carga con una propuesta legislativa que apunta directamente a reforzar el castigo a quienes cometen delitos de corrupción en el sector público.
Centurión, integrante de la bancada de Fuerza Republicana, impulsa un proyecto de ley que plantea un endurecimiento de penas para una docena de delitos vinculados a actos de corrupción, reforma que impactaría tanto en el Código Penal como en la legislación que combate el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias. Esta nueva ofensiva legislativa retoma una línea que el propio parlamentario había defendido desde 2023, cuando propuso declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, iniciativa que fue rápidamente sepultada por la mayoría cartista en la Cámara de Diputados.
En su último discurso ante el Congreso, el presidente Santiago Peña celebró la fuerza de su mayoría legislativa, a la que definió como "la aplanadora del bien común". Sin embargo, esta nueva propuesta de Centurión servirá como una prueba de fuego para verificar si esa mayoría está dispuesta a acompañar medidas concretas y severas contra la corrupción, especialmente considerando que varios de los casos más sonados se vinculan a figuras cercanas al oficialismo.
La propuesta legislativa de Centurión introduce modificaciones significativas a la Ley N° 1160/1997 del Código Penal, su modificatoria Ley N° 3.440/2008, y la Ley Nº 2523/2004. Entre los delitos cuya pena se propone incrementar figuran la lesión de confianza, la exacción, la asociación criminal, el cohecho pasivo (coima), el cohecho agravado, el prevaricato, el tráfico de influencias, y el enriquecimiento ilícito en la función pública, entre otros.
El diputado explicó que, aunque es urgente una reforma integral del Código Penal, resulta prioritario avanzar de forma inmediata en lo que refiere a la lucha contra el saqueo institucional. "Hoy, el crimen organizado encuentra refugio y soporte dentro del aparato estatal, a través de funcionarios que traicionan su rol y terminan saqueando al erario público sin consecuencias reales", advirtió el legislador.
En comparación con la legislación vigente, Centurión propone duplicar o incluso triplicar las penas en ciertos casos, sobre todo cuando los delitos sean cometidos por funcionarios públicos. Por ejemplo, la pena por lesión de confianza pasaría de 10 a 25 años cuando el responsable sea un servidor estatal; la exacción, de una pena máxima de 10 años o multa, se elevaría a una condena de entre 10 y 20 años; mientras que el cohecho pasivo agravado podría escalar hasta 15 años de cárcel si es cometido por un juez.
Centurión recordó que en el pasado ya había presentado una propuesta más abarcativa, pero que esta vez optó por concentrarse en los aspectos más sensibles, aquellos que apuntan directamente al corazón de la corrupción institucionalizada. La pelota queda ahora en el campo del oficialismo, cuya reacción evidenciará si el discurso contra la corrupción se traduce o no en acciones reales.
