PolíticaCongreso ignora reclamos
La delgada línea entre ataques dirigidos y delincuencia común se desdibujó: los periodistas son objeto de atentados coordinados, los conductores de apps sufren asaltos sistemáticos, y el ciudadano promedio padece robos violentos, secuestros exprés y emboscadas. Esta convergencia revela una crisis institucional que excede al periodismo o al transporte digital: es un problema de Estado.
Periodistas bajo fuego: bombas, balas y advertencias
En Lambaré, nocturnamente arrojaron una bomba molotov contra el hogar del periodista Aníbal Benítez y dejaron una nota con una bala. Fue el tercer ataque reciente en esa zona contra comunicadores vinculados a investigaciones sensibles. Otros colegas han denunciado hostigamientos telefónicos, vigilancia y amenazas anónimas, especialmente quienes cubren corrupción, narcotráfico o poder político local. Pese a estos ataques, ninguno ha terminado en muerte... aún. Pero el daño simbólico y psicológico es profundo.
El sector periodístico exige que la ley de protección contemple mecanismos activos: alertas tempranas, custodia, relevo temporal, protección judicial especializada y sanciones severas.
Plataformas: conducir con cuentas falsas es conducir con riesgo
La tecnología usada para impulsar la economía, a través de apps de transporte y delivery, se convirtió en herramienta de ataque. Muchos delincuentes crean cuentas falsas para emboscar a los conductores, lanzarse a asaltos o desaparecer con el vehículo.
Sus reclamos más visibles incluyen un registro nacional obligatorio y verificación rigurosa de usuarios y conductores, seguro que cubra robos y accidentes durante el servicio, responsabilidad compartida de las plataformas frente a crímenes cometidos en servicio, botón de emergencia y monitoreo en tiempo real, además de una legislación urgente que regule sus derechos laborales fundamentales.
Ciudadanos: motochorros, emboscadas y terrorismo urbano
En barrios residenciales de Asunción se reportan asaltos a plena luz del día, incluso con víctimas que salen del colegio o regresan del trabajo. En San Lorenzo, familias denunciaron robos violentos en sus viviendas mientras dormían. En municipios del área metropolitana se repiten emboscadas con motos que interceptan vehículos en semáforos, calles poco iluminadas o zonas de paso. La impunidad es cotidiana: muchas denuncias ni siquiera generan cobertura policial ni seguimientos.
Crisis política: aplazar leyes y priorizar alianzas
Este miércoles 15 de octubre, la Cámara de Senadores postergó por 15 días la aprobación de la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pese a la escalada de amenazas. La decisión se atribuye a la bancada cartista, que frena deliberadamente el debate público.
Mientras tanto, el presidente Santiago Peña mantiene una agenda exterior intensa, lo cual generó críticas internas por su falta de presencia frente a la emergencia de seguridad. En paralelo, el oficialismo concentra su discurso en el reciente levantamiento de sanciones contra Horacio Cartes, desvío de agenda que choca frontalmente con el clamor ciudadano.
Lo que exigen los sectores movilizados
Los periodistas y defensores de derechos humanos piden el voto urgente de la ley de protección con enfoque preventivo y reactivo, coordinación operativa entre el Ministerio Público, la Policía y los medios, recursos presupuestarios para custodias, traslados y alertas, y sanciones patrimoniales y penales claras para agresores.
Los conductores y repartidores exigen inscripción obligatoria y verificación de usuarios y apps, seguro obligatorio durante los servicios, infraestructura tecnológica con botones de alerta y enlaces directos con seguridad, responsabilidad compartida de las plataformas ante incidentes y legislación inmediata que regule su actividad con derechos mínimos.
La ciudadanía en general reclama refuerzo policial focalizado, patrullajes dinámicos según mapas de riesgo, atención directa a denuncias vecinales y circuitos de respuesta rápida, además de transparencia en resultados con datos públicos de detenciones y procesamientos.
Cronología mínima de ataques recientes
13 de octubre: ataque con bomba molotov y bala a la casa del periodista Aníbal Benítez en Lambaré. No hubo heridos y el caso sigue sin detenidos.
13 al 15 de octubre: conductores de plataformas protestan en Asunción y el área metropolitana por la falta de seguridad y piden legislación inmediata.
Últimas semanas: robos violentos y emboscadas a familias en Asunción y San Lorenzo, con denuncias mediáticas pero poca acción policial.
Recomendaciones urgentes
El Congreso debe priorizar la ley de protección sin dilaciones, convocando a sesión extraordinaria inmediata. El Ejecutivo debe designar un comité interinstitucional con Interior, Justicia, Seguridad y Fiscalía, con responsabilidades claras y plazos definidos. Las plataformas deben ser reguladas con urgencia para que sus mecanismos no sirvan de fachada al delito. Se debe instalar un seguimiento ciudadano entre ONGs y gremios que monitoree el cumplimiento de compromisos. Además, el Gobierno debe publicar datos y rendiciones semanales sobre resultados de seguridad.
