PolíticaFuerte rechazo
La confirmación de una reunión reservada entre seis ministros de la Corte Suprema, el presidente Santiago Peña y el expresidente Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, desató una de las reacciones más duras del foro jurídico en los últimos años. La polémica ya no gira solo en torno al secretismo del encuentro, sino a sus implicancias constitucionales: para el Colegio de Abogados Democráticos del Paraguay, el episodio configura un quiebre del Estado de derecho y expone una subordinación política incompatible con la independencia judicial.
Un encuentro clandestino que sacudió al sistema republicano
La reunión, realizada en Mburuvicha Róga y fuera de toda agenda pública, involucró a seis de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia. El dato no es menor: se trata de una mayoría significativa del máximo órgano judicial del país, reunida de manera reservada con el Poder Ejecutivo y con la presencia señalada del expresidente Horacio Cartes.
El encuentro no fue informado previamente ni comunicado oficialmente después. Por el contrario, se conoció tras filtraciones y confirmaciones parciales, lo que profundizó el impacto político del hecho y colocó a la Corte bajo un nivel de escrutinio inédito.
El pronunciamiento que elevó la crisis a otro nivel
Desde el Colegio de Abogados Democráticos del Paraguay, en contacto con esta redacción, el episodio fue calificado como un grave quiebre del Estado de derecho. La organización expresó su repudio y rechazo enérgico a la realización de una reunión secreta entre altas autoridades del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, señalando que la conducta de los ministros compromete principios básicos de la Constitución Nacional.
El pronunciamiento marcó un punto de inflexión: no solo cuestionó la legitimidad del encuentro, sino que exigió la renuncia de los ministros de la Corte que participaron, al considerar que su actuación resulta incompatible con el decoro y la responsabilidad institucional que exige el cargo.
Independencia de poderes bajo sospecha
El eje central del cuestionamiento es constitucional. El artículo 3 de la Constitución establece la separación e independencia de los poderes del Estado, mientras que el artículo 248 garantiza la independencia del Poder Judicial frente a cualquier injerencia política.
Para el CADEP, la participación de seis ministros en una reunión de estas características vulnera directamente esos principios. El mensaje que se transmite a la ciudadanía, advirtieron, es que el Poder Judicial se encuentra sometido a los designios del poder político de turno, una percepción que debilita la seguridad jurídica y erosiona el Estado de derecho.
El secretismo como factor agravante
Uno de los elementos más críticos del episodio es el carácter clandestino del encuentro. La reunión se realizó fuera de toda agenda pública, sin comunicación institucional previa ni posterior, e incluso —según se señaló— sin conocimiento de las propias oficinas de prensa de los poderes involucrados.
Desde el ámbito jurídico se advirtió que el secretismo en actos de esta naturaleza no es un detalle menor, sino un agravante institucional. La opacidad, remarcaron, solo puede generar desconfianza y descrédito hacia los poderes del Estado, especialmente cuando se trata de la máxima instancia judicial.
Explicaciones insuficientes y más preguntas que respuestas
Las explicaciones posteriores brindadas por algunos ministros, que intentaron encuadrar la reunión como un encuentro para tratar cuestiones presupuestarias, tampoco lograron desactivar la controversia. Desde el foro jurídico se recordó que el Presupuesto General de la Nación ya fue debatido y aprobado en el Congreso, órgano constitucionalmente competente en la materia.
A esto se suma otro dato llamativo: dos ministros de la Corte no habrían sido informados ni invitados a la reunión, lo que profundiza las dudas sobre los criterios utilizados para convocar el encuentro y refuerza la percepción de un manejo discrecional y cerrado.
Una Corte partida y bajo sospecha
La demora de más de una semana en reconocer oficialmente la reunión, y solo después de que el tema tomara estado público, reforzó la idea de que se intentó mantener el encuentro fuera del conocimiento ciudadano. Para sectores críticos, esta secuencia consolida una imagen de una Corte fragmentada internamente y vulnerable a presiones externas.
La presencia del expresidente Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, agrega un componente político aún más delicado. Desde el ámbito jurídico se sostiene que una cosa es el diálogo institucional entre poderes del Estado y otra muy distinta es la participación de un referente partidario sin cargo institucional en reuniones reservadas con ministros de la Corte.
El pedido de renuncia y una advertencia final
El pronunciamiento del CADEP cerró con una advertencia contundente: si los ministros de la Corte no dan señales claras de un cambio en la administración de justicia, con verdadera independencia y transparencia, deberían dar un paso al costado.
El planteo no es retórico. Para el gremio, la gravedad institucional del episodio exige responsabilidades concretas. Si poseen un mínimo de decoro, señalaron, los ministros involucrados deberían presentar su renuncia.
Un antes y un después para la Corte Suprema
La reunión secreta dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un punto de quiebre. La Corte Suprema enfrenta ahora una crisis que no se limita a una polémica coyuntural, sino que toca el corazón del sistema republicano.
La independencia judicial, pilar del Estado de derecho, quedó seriamente cuestionada. Y a partir de este episodio, cada decisión del máximo tribunal será observada bajo una lupa más exigente, marcada por una pregunta que ya se instaló en el debate público: ¿puede una Corte que se reúne en secreto con el poder político seguir siendo percibida como verdaderamente independiente?
