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El caso por la venta de tierras fiscales en la zona estratégica del Corredor Bioceánico se convirtió en una de las mayores crisis políticas del año. Las adjudicaciones irregulares, los pagos irrisorios y los beneficiarios vinculados levantaron sospechas de un esquema estatal de entrega territorial. En medio de la tormenta, las declaraciones de Rafael Filizzola marcaron el tono del debate político y destaparon un conflicto que ahora se instala en el Senado, donde la mayoría colorada deberá decidir si avanza o bloquea la interpelación al titular del Indert.
El escándalo por la venta de tierras fiscales en Carmelo Peralta, en plena franja del Corredor Bioceánico, escaló de manera abrupta en el Congreso. El Indert adjudicó predios estratégicos con precios simbólicos y criterios poco transparentes, pese a tratarse de áreas claves para instalaciones logísticas, aduaneras y portuarias. El impacto del caso cruzó rápidamente la frontera de lo administrativo para transformarse en un problema político de primer nivel, que expone debilidades estructurales en la gestión de tierras públicas.
En este contexto, Rafael Filizzola lanzó las críticas más duras y directas, señalando que lo ocurrido constituye una entrega deliberada del patrimonio estatal en una zona geopolíticamente sensible. Las afirmaciones del legislador alimentaron una discusión que ya no se centra solamente en el titular del Indert, sino en el funcionamiento integral del Poder Ejecutivo y en la protección de los intereses estratégicos del país.
La operación que hizo estallar el escándalo
La adjudicación de 29 hectáreas fiscales en Carmelo Peralta a un privado, por un monto inferior al valor real de mercado, fue el detonante principal. Parte de esas tierras están situadas en la zona destinada al desarrollo portuario y aduanero vinculado al futuro puente internacional con Brasil, lo que convierte la operación en un golpe directo a la planificación estratégica del Estado. A esto se sumó la entrega de otras franjas ribereñas a beneficiarios relacionados entre sí, lo que intensificó la sospecha de un patrón irregular repetido.
Filizzola sostuvo que el caso no solo exhibe precios irrisorios, sino una permisividad histórica ante el negocio privado con tierras claves para el desarrollo nacional. Explicó que se trata de una situación que, por su ubicación y su relevancia en el corredor comercial, compromete directamente la capacidad del Estado de operar, regular y resguardar los espacios destinados al transporte y la integración regional.
Un quiebre en el relato institucional
El punto de mayor tensión política llegó cuando Filizzola afirmó que esta administración del Indert representa una entrega abierta del patrimonio público. Según el legislador, la práctica de transferir tierras en zonas sensibles para beneficio privado se convirtió en un mecanismo peligroso y repetido que pone en riesgo los recursos del país. "Este presidente del Indert no puede ser más vendepatria", dijo, antes de describir cómo las áreas aledañas al corredor eran rifadas mientras que otros países de la región las resguardan estrictamente.
Fue en este tramo de sus declaraciones donde, en entrevista con El Nacional, el senador advirtió que detrás de estas adjudicaciones existiría una cadena de intereses que apunta hacia esferas de poder más altas. Lo planteó como un problema sistémico, señalando que episodios como este muestran cómo decisiones administrativas aparentemente menores pueden esconder maniobras con impacto nacional.
Un Senado colorado frente a su prueba más incómoda
Esta semana será decisiva en el Congreso. El pedido de interpelación al presidente del Indert debe ser evaluado por el Senado, donde la mayoría colorada tendrá la última palabra. El desafío es directo: decidir si se permite avanzar con un control político profundo o si se vuelve a levantar la barrera tradicional que ha garantizado impunidad en casos que involucran instituciones dependientes del Ejecutivo. La situación es particularmente compleja porque el Indert, aunque no represente una cartera central del Gobierno, es parte del aparato estatal cuyo manejo suele ser blindado por la bancada oficialista.
La oposición insiste en que el Senado no puede ignorar la gravedad del caso. Los documentos, los beneficiarios, las cifras y la ubicación de los terrenos mantienen el asunto en un nivel de exposición inusual. Un rechazo del pedido de interpelación desprendería un mensaje claro: la defensa del oficialismo se mantiene firme aun ante la sospecha de entrega territorial en una zona clave para la economía nacional.
Declaraciones que incomodan al oficialismo
La contundencia de las expresiones de Filizzola generó un ruido particular dentro del Senado. La denuncia de que las tierras habrían sido rifadas para beneficiar a intereses privados y su mención explícita a supuestos retornos económicos hizo que el oficialismo endureciera su postura, aunque sin poder contrarrestar el impacto público. El caso dejó al descubierto fracturas internas entre quienes buscan frenar el control político y quienes consideran inevitable avanzar con la interpelación.
La oposición toma las declaraciones del senador como el eje discursivo de la crisis. Para ellos, el caso no se trata solamente de una venta irregular, sino de un síntoma de una administración estatal que no protege lo público y que permite que intereses ajenos al país se instalen en un territorio clave para la integración regional.
Una semana que definirá el rumbo del caso
La situación del presidente del Indert es cada vez más crítica. Su defensa, basada en la supuesta regularidad de los procedimientos y en la existencia de presiones externas, no logró frenar la escalada política. La interpelación, si llega al recinto, pondrá bajo la lupa cada decisión, cada adjudicación y cada documento.
El resultado tendrá un significado más amplio que la suerte de un funcionario. Definirá si el Senado está dispuesto a enfrentar un escándalo que toca intereses sensibles o si opta nuevamente por blindar al oficialismo. Sea cual sea la decisión, la crisis ya está instalada y el país espera respuestas. Las declaraciones de Filizzola quedaron como la radiografía más cruda del momento, recordando que detrás de cada hectárea entregada hay un pedazo de Estado que cambia de manos sin justificación.
