El caso Kattya González no es solo una banca, sino el respeto a la Constitución y la representación popular, afirman
El posicionamiento del senador y abogado constitucionalista Rafael Filizzola sobre la destitución de la exsenadora Kattya González se sustenta en tres pilares: la presunta violación del debido proceso, la defensa de la representación popular y la obligación de las instituciones de acatar un eventual fallo judicial que revierta la decisión adoptada por la Cámara Alta.
"Y no solo se trata de la colega parlamentaria, se trata de la República, de la defensa de la democracia y del respeto al derecho de representación de quienes la votaron", afirmó el legislador al referirse al caso.
Para Filizzola, la controversia trasciende una disputa política entre oficialismo y oposición y se instala en el terreno constitucional.
En su análisis, lo que está en juego no es únicamente el futuro político de González, sino la vigencia de principios fundamentales que garantizan el funcionamiento democrático y el equilibrio entre los poderes del Estado.
En entrevista con El Nacional, el senador cuestionó el procedimiento que derivó en la pérdida de investidura de la exlegisladora, al considerar que no se respetaron las garantías más elementales del debido proceso.
Entre ellas, mencionó la falta de una notificación formal sobre la denuncia presentada en su contra, lo que, a su criterio, impidió que pudiera ejercer plenamente su derecho a la defensa.
Desde la óptica constitucional, este es uno de los principales argumentos esgrimidos por quienes cuestionan la destitución. El debido proceso exige que toda persona sometida a una sanción conozca las acusaciones formuladas en su contra, disponga de tiempo suficiente para preparar su defensa y tenga la oportunidad de ser escuchada antes de la adopción de una decisión.
Bajo esa premisa, Filizzola calificó el procedimiento como un "abuso de autoridad" y una "extralimitación" de las facultades del Senado.
El legislador también sostuvo que fueron ignoradas las propias reglas internas de la Cámara Alta para los procesos de pérdida de investidura. Según afirmó, el reglamento aprobado para este tipo de procedimientos no fue observado durante la tramitación del caso, lo que reforzaría los cuestionamientos sobre la legalidad de la decisión.
Más allá de las cuestiones procesales, Filizzola puso el foco en la representación ciudadana. Argumentó que una banca parlamentaria no pertenece exclusivamente al legislador que la ocupa, sino que representa la voluntad de miles de electores. Por ello, sostuvo que cualquier medida que implique la remoción de un representante debe ajustarse estrictamente a las garantías constitucionales.
"La destitución de Kattya González fue inconstitucional y revertir esa decisión es un deber para quienes creemos que la Constitución debe respetarse sin excepciones", expresó.
El senador considera que la definición del conflicto se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá resolver las acciones promovidas contra la pérdida de investidura. En ese contexto, lamentó la demora en la resolución del caso y advirtió que la situación también impacta en la correcta integración del Poder Legislativo.
A criterio de Filizzola, si la Corte concluye que existieron violaciones constitucionales, el Senado tendrá la obligación de acatar el fallo y restituir a González en la banca para la cual fue elegida por la ciudadanía.
La posición del parlamentario se suma a los cuestionamientos que distintos sectores de la oposición han sostenido desde la destitución de la exsenadora, mientras que el oficialismo y sus aliados defienden la legalidad del procedimiento.
Más allá del desenlace particular del caso, la resolución de la Corte podría sentar un precedente relevante sobre los alcances de la pérdida de investidura, el respeto al debido proceso y los límites constitucionales de las mayorías parlamentarias.