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Así lo indicó el ministro Gustavo Santander, quien confirmó que la mayoría de los integrantes del máximo tribunal ya emitieron su posición dentro del expediente.
El magistrado explicó que el proceso se encuentra en una fase avanzada de análisis y señaló que ya existen seis votos incorporados al expediente, por lo que restan únicamente algunas intervenciones para completar el estudio por parte de los nueve ministros de la Corte. Según sostuvo, no prevé mayores demoras para alcanzar una decisión final sobre uno de los casos políticos y jurídicos más controvertidos de los últimos años.
Santander evitó revelar el contenido de los votos ya emitidos y enfatizó que cada ministro mantiene absoluta reserva sobre su criterio hasta que concluya el trámite. En ese sentido, señaló que las posiciones son remitidas bajo estrictas medidas de confidencialidad y permanecen resguardadas hasta la culminación del proceso de deliberación.
La acción fue promovida por Kattya González luego de que el Senado aprobara su pérdida de investidura en febrero de 2024. La ex legisladora sostiene que el procedimiento vulneró normas constitucionales y reglamentarias, ya que, a su criterio, la expulsión debió contar con una mayoría agravada superior a la que finalmente se utilizó para concretar la destitución.
El caso generó una amplia discusión jurídica debido a las interpretaciones contrapuestas sobre el reglamento interno de la Cámara Alta y los requisitos necesarios para aplicar una sanción de esa magnitud a un parlamentario en funciones. Para González y los sectores que respaldan su posición, la decisión fue adoptada sin cumplir las exigencias establecidas para una pérdida de investidura.
Por su parte, quienes defendieron la actuación del Senado argumentaron que el procedimiento se ajustó a las facultades constitucionales del cuerpo legislativo y que la votación alcanzó la mayoría necesaria para validar la medida.
La definición de la Corte es esperada con expectativa tanto en el ámbito político como jurídico, ya que el fallo podría sentar un precedente relevante sobre los límites de las atribuciones parlamentarias y los mecanismos aplicables para remover a legisladores electos por voto popular.
Mientras tanto, el expediente continúa recorriendo las distintas instancias internas del máximo tribunal hasta completar la totalidad de los votos requeridos. Aunque el sentido de las posiciones permanece bajo reserva, las declaraciones de Santander alimentan la expectativa de que la controversia finalmente encuentre una respuesta institucional antes de finalizar el 2026.
La eventual resolución podría tener importantes repercusiones políticas, considerando que el caso de Kattya González se convirtió en uno de los episodios más debatidos de la actual conformación del Senado y sigue siendo objeto de cuestionamientos por parte de sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil.
