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El legislador cartista aseguró que actuaría "como hizo Lugo" en 2018, cuando no se permitió el juramento de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos como senadores activos pese a un fallo judicial que los habilitaba.
Las declaraciones del titular del Senado reavivaron la tensión política en torno al caso de González, destituida en 2024 por una mayoría conformada por el cartismo y sectores aliados. La exparlamentaria mantiene pendiente una acción ante la Corte Suprema buscando anular su pérdida de investidura y recuperar su banca.
Según trascendió, el expediente ya cuenta con ocho votos emitidos y solo resta la postura del ministro César Diesel para que exista una resolución definitiva. Ante la posibilidad de un fallo favorable a la exsenadora, Núñez adelantó que el Legislativo podría desconocer la decisión judicial bajo el argumento de la autonomía entre poderes del Estado.
El presidente del Congreso sostuvo que la pérdida de investidura constituye un juicio político y defendió que el Poder Judicial no debería intervenir en decisiones tomadas por el Senado. En ese contexto, dejó entrever que una eventual restitución de Kattya González dependería finalmente de una nueva correlación política dentro de la Cámara Alta.
El cartista comparó el escenario actual con el conflicto institucional ocurrido en 2018, cuando Fernando Lugo presidía el Senado y se impidió asumir como senadores activos a los expresidentes Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos. En aquella ocasión, sectores políticos argumentaron que el artículo 189 de la Constitución establece que los exmandatarios democráticamente electos solo pueden ocupar bancas vitalicias y sin voto.
No obstante, distintos referentes jurídicos remarcan que la situación de Kattya González es distinta debido a que ella fue electa y juró como senadora para el actual periodo legislativo, mientras que posteriormente fue apartada mediante una decisión política impulsada por la mayoría oficialista.
Durante la misma rueda de consultas, Núñez también se refirió al examen de correspondencia del presidente Santiago Peña realizado por la Contraloría General de la República, institución que avaló las explicaciones del mandatario respecto a su patrimonio y la construcción de su residencia en San Bernardino.
El titular del Congreso evitó cuestionar el resultado del análisis y afirmó que corresponde respetar lo que determinen las instituciones. En ese marco, recordó que tanto el contralor Camilo Benítez como el fiscal general Emiliano Rolón fueron designados durante la administración anterior y con respaldo parlamentario distinto al actual oficialismo.
