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La decisión final está en manos del presidente de la República, Santiago Peña, y su impacto promete dejar huellas profundas en el funcionamiento del sistema judicial. El mandatario se dispone a promulgar la ley que elimina la rotación obligatoria de los ministros de la Corte Suprema de Justicia en la conducción de las circunscripciones judiciales, una medida que, para amplios sectores políticos y sociales, legitima la consolidación de verdaderos enclaves de poder dentro del Poder Judicial.
La norma, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 9 de diciembre, pone fin a un esquema de alternancia que había sido establecido en 2023 con el objetivo de impedir que un mismo ministro permaneciera indefinidamente al frente de determinadas jurisdicciones. Aquella rotación bienal buscaba evitar prácticas arraigadas durante años, en las que algunos integrantes de la Corte ejercían un control sostenido sobre departamentos clave del país, con una influencia que trascendía lo meramente administrativo.
La votación legislativa se dio en un contexto especialmente sensible. Ocurrió pocos días después de la polémica reunión reservada entre el jefe de Estado y miembros del máximo tribunal, realizada en Mburuvicha Róga, un encuentro que alimentó sospechas sobre un eventual entendimiento político-institucional. Aunque desde el Ejecutivo se negó de forma tajante la participación del titular de la ANR, Horacio Cartes, la coincidencia temporal reforzó las lecturas críticas sobre un posible pacto de conveniencia entre poderes.
En los hechos, la superintendencia de circunscripciones —una función administrativa asignada por el pleno de la Corte— ha dejado de ser transitoria para convertirse en una práctica de continuidad casi permanente. Ministros como César Garay Zuccolillo, Luis María Benítez Riera, Eugenio Jiménez Rolón, Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y César Antonio Diesel Junghanns han concentrado durante años la administración de los principales departamentos judiciales, generando un mapa de influencia territorial estable y previsible.
El caso más emblemático es el de Garay Zuccolillo, designado ministro en 2004 y reiteradamente encargado de las circunscripciones del Chaco, como Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes. A lo largo de más de dos décadas, su presencia administrativa en esa región se mantuvo sin una alternancia real, configurando un control prolongado que ahora quedará plenamente amparado por la nueva legislación.
Las críticas no tardaron en llegar. Desde la oposición se advirtió que la ley debilita los principios de transparencia y equilibrio institucional. El diputado Raúl Benítez cuestionó con dureza la iniciativa y desafió públicamente a sus colegas a justificarla desde una perspectiva democrática. En la misma línea, la diputada Rocío Vallejo sostuvo que la permanencia indefinida en las superintendencias contradice cualquier estándar de control y rendición de cuentas, mientras que Johanna Ortega fue aún más lejos al comparar el esquema con prácticas propias de regímenes autoritarios.
El rechazo trascendió el ámbito parlamentario y derivó incluso en movilizaciones ciudadanas, reflejando un malestar que va más allá del tecnicismo jurídico. Para los críticos, la eliminación de la rotación no solo refuerza estructuras de poder ya consolidadas, sino que también profundiza la percepción de una justicia cada vez más cerrada sobre sí misma.
Con la promulgación a punto de concretarse, el escenario queda marcado por una pregunta de fondo: si la estabilidad administrativa que se busca garantizar fortalecerá realmente el sistema judicial o si, por el contrario, terminará oficializando feudos internos que condicionen la independencia y la renovación institucional durante los próximos años. La firma presidencial, más que un trámite, se perfila así como un gesto político de alto impacto.
