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La causa se encuentra a cargo de fiscales especializados en Delitos Económicos, quienes iniciaron la recopilación de documentos y antecedentes relacionados con varios procesos licitatorios adjudicados entre 2024 y 2025. Entre ellos figura el llamado identificado como ID 471520, correspondiente a la contratación de servicios de fumigación con provisión de materiales e insumos para distintas dependencias del IPS, por un monto superior a G. 21.192 millones.
La licitación había generado una fuerte controversia dentro del sector de empresas dedicadas al control de plagas debido a cuestionamientos sobre determinadas exigencias incluidas en el pliego de bases y condiciones. Varias firmas sostuvieron que algunos requisitos técnicos y administrativos limitaban la participación de potenciales oferentes y favorecían a determinados proveedores, situación que derivó en protestas formales ante la DNCP.
Como consecuencia de esas presentaciones, Contrataciones Públicas dispuso la suspensión temporal del proceso mientras analizaba las objeciones planteadas. Las denuncias apuntaban a posibles vulneraciones de principios básicos establecidos en la legislación de compras públicas, entre ellos la libre competencia, la igualdad de participación y la razonabilidad de los requisitos exigidos a los oferentes.
Pese a los cuestionamientos iniciales, el proceso avanzó posteriormente y culminó con la adjudicación de los distintos lotes a los consorcios MCC y MCV. Sin embargo, las dudas sobre el procedimiento nunca desaparecieron y volvieron a instalarse con fuerza tras la apertura de una investigación más amplia sobre contrataciones realizadas durante la gestión encabezada por Jorge Brítez.
Uno de los aspectos que ahora busca esclarecer el Ministerio Público guarda relación con los mecanismos administrativos y judiciales que permitieron la continuidad del proceso luego de las observaciones formuladas por la DNCP. Los investigadores también analizan la documentación relacionada con las adjudicaciones, los antecedentes técnicos del llamado y las actuaciones desarrolladas por las distintas instituciones que intervinieron durante el trámite.
La nueva administración del IPS, encabezada por Isaías Fretes, manifestó públicamente su disposición a colaborar con la investigación y remitió a la Fiscalía los antecedentes requeridos. Paralelamente, la previsional inició revisiones internas sobre diversos contratos heredados de la administración anterior, varios de los cuales se encuentran bajo análisis debido a denuncias de posibles irregularidades.
La contratación de fumigación se convirtió así en uno de los casos más sensibles dentro de la investigación en curso, no solo por el volumen de recursos comprometidos, sino también por los cuestionamientos que acompañaron al proceso desde sus etapas iniciales. Mientras los fiscales avanzan en el análisis de la documentación incautada, el caso vuelve a poner en debate la transparencia de los procedimientos de contratación dentro de una de las instituciones más importantes del país y el uso de recursos destinados a la atención de miles de asegurados.
