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Los fiscales Silvia González y Silvio Corbeta se constituyeron en la sede central de la previsional para reunirse con el actual presidente de la institución, Isaías Fretes, y formalizar el pedido de una serie de documentos vinculados a contratos que hoy se encuentran bajo sospecha.
La causa se centra en seis procesos licitatorios ejecutados entre 2024 y 2025, periodo en que Brítez encabezaba el IPS. Las contrataciones observadas abarcan servicios de limpieza e higienización, provisión de insumos textiles, sistemas de gestión ambiental y proyectos informáticos, entre otros.
Los representantes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción señalaron que esta diligencia constituye una de las primeras medidas adoptadas dentro de la investigación penal iniciada contra ex autoridades de la previsional. Durante la visita, además del encuentro con Fretes, también mantuvieron conversaciones con asesores de la institución para recabar información preliminar sobre los procesos cuestionados.
Según explicaron, el objetivo principal fue poner en conocimiento de la actual administración el alcance de la investigación y asegurar la colaboración institucional para acceder a toda la documentación necesaria. En ese contexto, destacaron la predisposición de las autoridades actuales para facilitar los informes y expedientes requeridos.
Aunque los fiscales no retiraron documentos durante la jornada, sí presentaron formalmente un requerimiento por escrito detallando los antecedentes y contratos que serán objeto de análisis. Desde la presidencia del IPS se comprometieron a reunir la información solicitada y remitirla en los próximos días.
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La denuncia que dio origen a la causa apunta inicialmente a cinco licitaciones que habrían generado un perjuicio patrimonial estimado en más de G. 391.000 millones. Posteriormente, los denunciantes ampliaron la presentación incorporando un sexto procedimiento supuestamente irregular.
Los fiscales aclararon que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que todavía no existen elementos suficientes para confirmar la existencia de un daño económico efectivo para la institución. Explicaron que la denuncia original no fue acompañada de toda la documentación necesaria, por lo que recién ahora comienza el proceso de recopilación y análisis de pruebas.
En ese sentido, remarcaron que cualquier eventual responsabilidad deberá surgir de los documentos y antecedentes que sean incorporados al expediente. Señalaron que no corresponde realizar conclusiones anticipadas ni emitir juicios basados en especulaciones mientras continúe la etapa investigativa.
Asimismo, indicaron que el ex presidente Jorge Brítez permanecerá bajo investigación hasta que se determine si existen elementos que lo vinculen con las supuestas irregularidades. En caso de no hallarse evidencias que comprometan su actuación, podría quedar desvinculado de la causa.
Respecto a la posibilidad de que la investigación se vea obstaculizada, los agentes fiscales afirmaron que no observan riesgos inmediatos. Argumentaron que las principales dependencias involucradas ya cuentan con nuevas autoridades y que varios de los funcionarios señalados en la denuncia ya no ocupan cargos de decisión dentro de la previsional.
La causa se perfila como uno de los expedientes de mayor relevancia en torno al manejo administrativo del IPS durante los últimos años y podría arrojar luz sobre una serie de contrataciones que hoy se encuentran bajo la lupa de la Justicia.
