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La Cámara de Diputados debate este martes el acuerdo que compromete a Paraguay a desembolsar cerca de 2,4 millones de euros para financiar el denominado "Programa País" con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras continúa sin avances una iniciativa destinada a regularizar las obligaciones pendientes con empresas vialeras que ejecutaron obras para el Estado.
El convenio, suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la OCDE, prevé una inversión total de 3,55 millones de euros para desarrollar un plan orientado a acercar al país a los estándares promovidos por el organismo internacional. De ese monto, unos 2,395 millones de euros serán financiados con recursos paraguayos, mientras que el saldo restante será cubierto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según el acuerdo, los fondos se destinarán a diversas áreas de cooperación técnica, entre ellas el acompañamiento para la adhesión de Paraguay a la convención de la OCDE contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros, el monitoreo del Programa País, la revisión del sistema estadístico nacional, recomendaciones sobre gobierno corporativo, evaluaciones sobre la calidad educativa con énfasis en la formación docente y análisis vinculados a la gobernanza del agua.
El Ejecutivo sostiene que esta iniciativa representa un paso importante en el proceso de aproximación a la OCDE y podría servir como una hoja de ruta para futuras reformas institucionales y económicas.
Sin embargo, mientras el oficialismo impulsa el tratamiento de este compromiso internacional, continúa sin fecha de discusión el proyecto que buscaba habilitar el pago de intereses derivados de certificados de obras adeudados a empresas constructoras. La propuesta también contemplaba la emisión de títulos de deuda pública para atender esos compromisos y evitar eventuales demandas judiciales contra el Estado.
La iniciativa había sido incorporada al orden del día en sesiones anteriores, pero no pudo ser analizada debido a la falta de cuórum. En esta ocasión, nuevamente quedó fuera de la agenda legislativa, generando críticas por la falta de respuesta a un reclamo que el sector vial considera urgente.
La coincidencia entre el rápido avance del acuerdo con la OCDE y la reiterada postergación del tratamiento de la deuda con las vialeras reavivó el debate sobre las prioridades del Congreso y el destino de los recursos públicos en un contexto marcado por crecientes demandas internas.
