Diputados piden a la ANDE un informe sobre morosidad y plan de regularización de deudas
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) un informe detallado sobre la situación de morosidad de sus clientes y la implementación del programa de regularización de deudas "Ñande Ahorro 2026".
La iniciativa fue presentada por el diputado Raúl Benítez (Independiente-Central) y surge ante la existencia de más de 350.000 usuarios que registrarían cinco o más facturas vencidas, por lo que el legislador requirió información sobre los criterios y el alcance del plan impulsado por la empresa estatal.
Entre los datos solicitados figura la cantidad total de usuarios morosos, desagregada por tipo de suministro, zona geográfica, nivel de tensión y monto adeudado. Asimismo, se pide explicar los fundamentos técnicos, comerciales y financieros que respaldaron la implementación del programa, que contempla la posibilidad de fraccionar las deudas en hasta 60 cuotas para clientes de baja tensión.
El pedido también requiere que la ANDE informe sobre los criterios de elegibilidad para acceder al beneficio, las exclusiones previstas y el tratamiento establecido para los suministros que fueron cortados o cuyos medidores fueron retirados.
Además, la institución deberá detallar el impacto estimado del programa sobre la recaudación, la cartera vencida y la continuidad del servicio, así como remitir copias de los informes, dictámenes y actas elaborados por las gerencias que participaron en la aprobación de la iniciativa.
La resolución incluye igualmente el requerimiento de información sobre la metodología utilizada para determinar el universo de usuarios morosos, las condiciones aplicables a clientes de media tensión y pequeñas empresas, y el procedimiento previsto para los casos de incumplimiento del plan de pagos, incluyendo la cantidad de usuarios que perdieron el beneficio.
La ANDE tendrá un plazo de 15 días hábiles para remitir el informe solicitado, conforme a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional y la Ley N.º 5.453/2015, que reglamenta los pedidos de informes a organismos públicos.